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DECRETO1° Que las minas abandonadas, aguadas o abandonadas porsus antiguos poseedores que eran denunciables según las ordenanzasde minería, son de la propiedad del Estado2° Que se entiendan comprendidas en el artículo anteriorlas minas que al tiempo de proclamarse la independencia en losdiferentes departamentos de la República se hallaban despobladaso abandonadas conforme a las dichas ordenanzas3° Que a los ciudadanos que hubiesen denunciado minasabandonadas y hubiesen cumplido todos los requisitos que laley exige para ser legítimos poseedores de ellas, se los ampareen su posesión y por consiguiente no les comprende el artículoanterior, aunque hayan tomado dichas minas después de laindependencia4° Que las minas se arrienden o se vendan en público rematede cuenta del gobierno adjudicándose su valor a los acreedoresdel Estado en pago de sus créditos calificados” (Barret et al.,1961, T.I: 429-430).Obsérvese en todo caso que no se trata de un remate generalde todas las minas, sino de las “abandonadas, aguadas o despobladas”,vale decir, aquellas cuya producción se hubiere interrumpidopor falta de trabajos o inundación. También se respetan losderechos de quienes hubieren denunciado minas abandonadasy se hubieren constituido en poseedores legítimos.Apoyándose en tal norma, el 17 de septiembre de 1825 escribedesde La Paz al vicepresidente Santander: “Yo he decretadoaquí que todas las minas perdidas y abandonadas pertenecende hecho al gobierno para pagar la deuda nacional. Desdeluego en Colombia se podía hacer lo mismo y venderlas todasa una compañía inglesa, a cuenta de pagos de intereses por ladeuda nacional. Yo creo que bien podemos sacar algunos millonespor este arbitrio; pues el momento es muy favorable paranegocios de minas” (Lecuna, 1947, T.II: 218). Un mes más tarde,comunica a don José Larrea y Loredo, ministro de Haciendade la junta de gobierno peruana, en extensa postdata de cartadirigida el 17 de octubre de 1825 desde Potosí: “Como siempreestoy pensando en el Perú por sus deudas, me ha parecido bien