GÉNERO, CULTURA Y SOCIEDAD - Programa de Equidad de ...

[…] La religión pasa a ser un asunto que concierne esencialmente a la concienciade los individuos […] La soberanía popular es la que decide en última instancia loque es permisible y prohibido, lo que es correcto o incorrecto en una sociedad determinada”.De esta manera, el carácter laico del Estado se presenta como unacondición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de la libertad de concienciay el trato igual a las personas en el respeto a la pluralidad. Bajo estas premisas,en materia política, los derechos de las mujeres, y para el caso, los derechossexuales y reproductivos, deben ser reconocidos, defendidos y garantizadosen el ámbito público, sin discriminación alguna y, al mismo tiempo, reservar para elfuero interno las convicciones religiosas o filosóficas de cada persona. Para Blancarte,quienes defienden tales derechos “tienen la obligación de recordar de manerapermanente a legisladores y funcionarios que su papel no es el de imponer políticaspúblicas a partir de sus creencias personales, sino el de llevar a cabo susfunciones de acuerdo con el interés público…”En su ensayo “Activismo judicial en defensa de los derechos de las mujeres. Loque el argumento democrático no puede probar”, Roberto Gargarella cuestiona elargumento democrático en el sentido de que “es correcto que los jueces asumanun papel ‘pasivo’, ‘modesto’ o ‘prudente’ frente a las normas, en respeto de la autoridadde los órganos políticos”. Esta pasividad judicial en situaciones de discriminación,violencia y desigualdad respecto a las mujeres, convalidaría situaciones demanifiesta injusticia en aras de una pretendida deferencia hacia los órganos democráticos.Gargarella critica las versiones “pluralista” y “populista” de la democraciapara proponer una concepción deliberativa que requiere que las decisiones públicasse tomen luego de un amplio proceso de discusión pública, en el que se involucrea todos los potencialmente afectados. Bajo esta concepción, el papel activode los jueces, lejos de desalentar, contribuiría a fortalecer la discusión pública y aaportar una mayor imparcialidad política. Respecto a los derechos de las mujeres,los jueces podrían –y deberían– “ordenar medidas agresivas” frente a casos de discriminación,violencia doméstica, explotación y acoso sexual y ordenar medidascorrectivas y distributivas en la familia, la política, la justicia y la empresa.El ideal liberal de ciudadanía hace referencia, entre otras cosas, a los derechosy deberes que tienen los individuos como miembros de la comunidad política enque viven. Con esta premisa, Ana María Tepichín, en su ensayo “Ciudadanía delas mujeres y política pública en México: una reflexión desde los estudios de género”,analiza la construcción y el ejercicio de ciudadanía de las mujeres en Méxicopresentando “un recorrido de las direcciones que ha tomado la política pública dirigidaa ellas en el país, especialmente la social por ser fundamentalmente a travésde ésta que se han atendido sus necesidades”. Para la autora se necesita ir másallá de garantizar el acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones deigualdad con los hombres. Se debe eliminar la lógica de subordinación en la quexvii