GÉNERO, CULTURA Y SOCIEDAD - Programa de Equidad de ...

En líneas generales, la combinación entre esta mirada restrictiva sobre la democraciay una concepción interpretativa “originalista” es la que permite que muchosjuristas y jueces conservadores defiendan un papel limitado para los jueces,en su relación con los derechos de los más desaventajados. Para ellos, ni la Constitucióndebe interpretarse de modo expansivo, ni le corresponde a los jueces invocarvalores básicos (igualdad, dignidad, etc.) para crear una jurisprudencia “progresista”.Dicha jurisprudencia “activista” en materia social –sostienen– se asientafinalmente en principios filosóficos que los jueces no están autorizados a invocarcomo fundamento último de sus fallos, a la vez que se aparta de la letra, la historiay la estructura de la Constitución. Como dijera Robert Bork, todos los esfuerzosdestinados a mostrar a la Constitución como un texto comprometido con los derechossociales tienden a ser inapropiados, en la medida en que se basan en unacercamiento filosófico “liberado del texto, la historia [y] la estructura [de la Constitución]”–un “modo de argumento [capaz de] llegar a cualquier resultado” (Bork,1979, p. 696).En los párrafos anteriores, hemos visto de qué modo aquellos que defiendenuna visión “austera” o restringida sobre la democracia, defienden un rol también“austero” para los jueces en su relación con los derechos de las mujeres enparticular, y los grupos desaventajados en general. Aquí me interesará mostrar quetambién aquellos que defienden una concepción “robusta” de la democracia tienenbuenas razones para defender un papel limitado por parte de la justicia. En efecto,quienes suscriben una idea robusta de la democracia y defienden en consecuenciael activismo cívico y el predominio de la regla mayoritaria, deben concluir a fuerzade coherencia –y aunque ello no sea lo que siempre ocurre en la práctica– que nocorresponde a los jueces decidir en áreas vinculadas con la organización socioeconómicade la sociedad. Es la propia ciudadanía la que, directamente o a travésde sus representantes, debe decidir en tales áreas, en lugar de un grupo de técnicosno escogido democráticamente ni removible a partir de la intervención mayoritaria.En razón de lo dicho, no es extraño que los revolucionarios franceses, duranteel siglo xviii, se mostraran especialmente hostiles frente al poder judicial y, enparticular, frente a la posibilidad de que el mismo contradiga la autoridad de la legislatura.Claramente, quienes defienden una visión rousseauniana de la democraciatienen razones para desconfiar de los poderes concedidos a la justicia. Otra experienciahistórica notable, en donde se advierte esta tensión entre una visiónrobusta de la democracia y el activismo judicial es la que se produjera en EstadosUnidos, en los años treinta. Según sabemos, durante esos años el presidenteRoosevelt procuró infructuosamente promover una legislación socialmente deavanzada, y el único obstáculo que encontró frente a la misma fue la intervencióndel poder judicial. La Corte Suprema, en particular, consideró inconstitucional la legislaciónpromovida por el gobierno en la materia en más de dos centenares de ca­126