puesto público para el beneficio privado, si bien no es atribución exclusiva de los políticos, se la asocia comúnmente con ellos ya que las importantes posiciones de poder que ocupan hacen que las oportunidades para la corrupción aumenten y sus costos disminuyan. Aunque es generalmente identificada como un delito, qué es corrupción y qué no y, en consecuencia, qué es un delito y qué no puede cambiar de un país a otro e, incluso, entre regiones de un mismo país. Pensemos por ejemplo en los regalos. ¿Cómo diferenciar un regalo que se le da a alguien que ocupa una posición de poder de un soborno? En la mayoría de las sociedades, el intercambio de regalos es una costumbre completamente incorporada desde tiempos inmemorables. Pero también lo es la búsqueda de rentas. La búsqueda de rentas (o rent-seeking) es el intento de obtener un rédito económico a través de la manipulación del entorno social o político en que tiene lugar una actividad económica, en lugar de hacerlo a través de la creación de nueva riqueza. Robert Shiller, economista estadounidense y docente de la Universidad de Yale, aclara esta idea mediante el ejemplo de un señor feudal que pone una cadena cruzando un río que atraviesa su tierra y contrata a alguien para que le cobre a todo bote que desee cruzarla. Definitivamente una cadena y alguien encargado de cobrar no agrega ningún tipo de productividad pero, sin embargo, el señor feudal consiguió una nueva forma de ganar dinero. Volviendo al presente, ejemplos de búsqueda de rentas serían los gastos en lobby político mediante los cuales inversores y empresarios buscan obtener beneficios gubernamentales, subsidios o regulaciones para los competidores que les permitan extraer un rédito mayor sin necesidad de aumentar la inversión que, si bien no son tan usuales en nuestro país, sí lo son en otros lugares del mundo. Ahora, ¿es tan fácil distinguir cuándo un regalo se convierte en un intento de obtener un beneficio de este tipo? Si bien hay casos blancos y negros, como podría ser el contraste entre una canasta de frutas y un auto de alta gama, los grises se imponen y lo que es considerado aceptable varía de país en país, de región en región e, incluso, de persona en persona y parece difícil de definir. Por ejemplo, en España se promulgó recientemente una Ley de Transparencia que dice que los altos cargos de las administraciones no podrán aceptar “regalos que superen los usos habituales, sociales y de cortesía” y que en caso de no cumplirse se podrán iniciar acciones legales. Sin embargo, esta definición no parece estar brindando criterios demasiado claros y la distinción parece quedar en el tan poco común “sentido común”. Por otro lado, en los Estados Unidos, si bien los criterios son más claros, varían enormemente entre los estados desde la prohibición absoluta a la completa libertad. Además, en dicho país la distinción se complica aún más al incorporar otro gran gris de las prácticas políticas: el pork-barrel. Este término de casi imposible traducción (“barril de cerdo” pero no parece ser una buena idea…) tiene su origen en la práctica en los Estados Unidos pre Guerra Civil de darles a los esclavos un barril lleno de carne de cerdo salada como recompensa y obligarlos a competir por una parte de su contenido. Actualmente se utiliza en forma peyorativa para referirse a programas gubernamentales u obras públicas cuyos beneficios económicos se encuentran geográficamente limitados pero que se financian con bases impositivas amplias. Es decir, una obra que beneficia a unos pocos contribuyentes pero que se paga con los aportes de todos. Y aunque puede parecer una práctica injusta no es una práctica ilegal. De hecho, frente a recientes críticas de Barack Obama a esta práctica, muchos políticos, entre quienes cobró notoriedad pública el senador demócrata Harry Reid, sostuvieron que es la forma más eficiente y segura de lograr que los beneficios del Estado lleguen a los ciudadanos. Para peor, es probable que ambas posiciones estén en lo cierto. Esto se debe a que posiblemente este tipo de legislación es vital para lograr que se lleven a cabo obras públicas como puentes o escuelas y también ha sido históricamente la herramienta utilizada en las negociaciones necesarias para lograr la aprobación de importantes leyes nacionales en congresos fragmentados. Sin embargo, si los legisladores tan sólo se ocuparan de pelearse por un poco de carne salada para su distrito, los ciudadanos definitivamente se verían perjudicados. Y una vez más, pareciera que el problema no son las prácticas sino los excesos. Si todavía no están convencidos, piensen en el caso de Brasil. El Congreso brasilero ha estado históricamente fragmentado (luego de las últimas elecciones habrá nada más y nada menos que 28 partidos sólo en la Cámara de Diputados) por lo que el partido del presidente casi nunca ha sido capaz de controlar más que una primera minoría de las bancas. Esto los ha llevado a incorporar en el gabinete, a modo de gobierno de coalición, a miembros de otros partidos con representación legislativa y a negociar votos en favor de leyes de importancia nacional a partir del apoyo para proyectos de interés local de los legisladores. Sin embargo, en la búsqueda constante de apoyos, estas prácticas legales pueden ser excedidas y los políticos pueden abandonar la zona gris, como ha sido el caso del escándalo político del mensalão en 2005. Y las posibilidades de excesos por parte de los políticos no parecen estar limitadas sólo a cuestiones de dinero. En Pacientes del Estado, libro publicado recientemente por Javier Auyero, sociólogo argentino y docente de la universidad de Austin, el tiempo ajeno aparece como otro de los posibles objetos de abuso de los políticos. Si bien Auyero se ocupa de cómo la espera y manipulación de tiempo de los más excluidos los desposee hasta de su propio tiempo, no pareciera que el resto de los ciudadanos estuviéramos libres de este posible abuso. Después de todo, el que se hace esperar, hace uso del tiempo del otro y cualquier uso puede ser transformado en un abuso por medio del exceso. Y aunque si no fuéramos proclives al exceso, seríamos ángeles y no necesitaríamos gobierno, la verdad es que no lo somos… * Licenciada en Ciencia Política, UBA. 77
Entrevista uno 78 Al Che, con cariño Michael Steven Smith es abogado y activista por los derechos humanos en Estados Unidos y junto a su coautor, Michael Ratner, presentan en castellano ¿Quién mató al Che?, un trabajo basado en los archivos desclasificados por la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la CIA, que establece, entre otras cosas, la responsabilidad de los servicios secretos estadounidenses en el asesinato del revolucionario latinoamericano Por Esteban Ulrich –¿Cómo nace la idea de indagar en la muerte del Che? En realidad todo comienza en los años 60, cuando en plena ebullición en favor de los derechos civiles logramos junto a Michael Ratner, que es tal vez el abogado más importante de derechos humanos de Estados Unidos y ex presidente del Centro para Derechos Constitucionales (CCR) –una orga-
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