AA.VV. - Criminología crítica y control social 1. El Poder Punitivo del Estado

EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 45
antiterrorista se convirtieron en una institución de alojamiento para la
criminalidad común.
Es en este cuadro de verdadero desafío para el Estado de derecho
europeo en que se produce la transición hacia la democracia y se sanciona
en España la Constitución de 1978; contemporáneamente, se inicia el
proceso de adhesión a las comunidades europeas con lo cual el Estado
español paulatinamente se obliga a la adopción de muchas medidas que
lo incorporaron a una estrategia común de control social, idónea a la
situación de quiebra del welfare (cfr. Bergalli 1993), y es dentro de este
marco que quiero plantear el tema de mi intervención. A esta altura del
desarrollo del sistema penitenciario español, no es posible que los juristas
que lo estudien mantengan sus enfoques distantes de la evolución
estructural de España pues, una cultura jurídica progresista no debe dejar
de tener en cuenta la permanente y estrecha relación que existe entre la
creación y la aplicación del derecho con las transformaciones que acaecen
en las esferas económica y política de la sociedad.
1. Fragilidad de la jurisdicción penitenciaria
Como acaba de escribir uno de los co-autores de la reforma penitenciaria
en la España democrática: "El tipo de Estado de Derecho, por su raigambre
liberal, comporta ante todo el 'sometimiento pleno a la ley y al Derecho' (art.
103.1 de la CE), el reconocimiento de los derechos fundamentales de las
personas (inviolables, etc.) y la garantía judicial de su tutela. En el orden
penitenciario, las consecuencias han sido igualmente el principio de
legalidad (art. 2 9 de la LOGP), el reconocimiento expreso de los derechos
de los internos (art. 25.2 de la CE y 3 9 y concordantes de la LOGP) y la
implantación de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria, como un
sector especializado 'dentro del orden jurisdiccional penal' (art. 94.1 de la
LOPJ)" (v. Bueno Arús 1993,502). Las ponencias y comunicaciones relativas
a los derechos fundamentales y las pertinentes a las relaciones entre
Administración y Jurisdicción penitenciarias presentadas en estas Jornadas
me parece que rectifican en mucho la reflexión que acabo de transcribir.
Pues bien, en lo que atañe a esta intervención, lo que yo pretendo poner
de relieve es que las relaciones surgidas entre la Administración penitenciaria
y la Jurisdicción de Vigilancia, creada como una originalidad de la
reforma surgida con la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) de
1979, han contribuido notablemente a demostrar la debilidad de la forma-