AA.VV. - Criminología crítica y control social 1. El Poder Punitivo del Estado

EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 53
institución la doctrina oficial ha hecho hincapié en su función de "preparación
para la vida en libertad" que tanto la LOGP (art. 47.2) y el
Reglamento (art. 254.2) le atribuyen. Recogiendo antecedentes en la
legislación de la II República y otros inmediatamente anteriores a la
sanción de la LOGP, el inspirador de ésta (cfr. García Valdés 1980,115)
destacó la importancia y las ventajas procuradas por la institución a un año
vista de su introducción en el sistema penitenciario español comparándola
con otros ordenamientos que también la incluyen.
De los dos tipos de permisos de salida que admite la LOGP, excepcionales
-establecidos en el art. 47.1- y ordinarios -del art. 47.2 (los que, en
un alarde de traducción, han sido también denominados como "vacaciones
durante la ejecución de la pena" -v. Mapelli Caffarena 1983,203-205-
con un uso no muy exacto de la expresión Urlaub aus der Haft empleada
por la legislación penitenciaria -Par. 13. Abs. 5 StVollzG- y la doctrina
alemanas) adquiere mayor interés este último por sus vinculaciones con
la clasificación de condenados en segundo o tercer grado mientras, este
tipo de permiso -ordinarios y especiales hasta siete días según la LOGP y
el Reglamento (art. 254.2) pero que deberá ser autorizado por el juez de
Vigilancia cuando sea superior a dos días (art. 76.2.Í)-, para ser concedido
por la Administración (Juntas de Régimen) exige la satisfacción de
algunos requisitos entre los que se mezclan uno de naturaleza sustancial
-haber extinguido la cuarta parte de la condena- y, por lo tanto, jurídico,
con otros de raíz técnica -el previo informe del equipo técnico y la no
observancia de mala conducta en la institución- y, en consecuencia, estos
últimos dependientes de criterios especializados, provenientes de disciplinas
sobre la conducta humana.
Todo ello supone una fuente de conflictos importante entre la Administración
y la Jurisdicción a la hora de emitir opiniones contrapuestas sobre
esos requisitos formales, a causa de su distinta valoración científico y
jurídica. Basta recordar aquí las manifestaciones del propio ministro de
Justicia en ocasión de la concesión del tercer grado por el entonces juez
de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid a quien luego resultó ser el
violador y homicida de la niña Olga Sangrador (v. El País, 30 de junio de
1992), mediante las cuales calificó aquella decisión jurisdiccional como
un "error trágico y lamentable"; o, quizá también, las del presidente de la
llamada "Asociación de Abogados Demócratas de Europa" (v. El País, 29
de octubre de 1992), quien llamó a esa y otras decisiones como "altamente
equivocadas cuando no imprudentes en grado sumo". Empero, en el caso
de Valladolid fue dable apreciar tanto la disparidad de opiniones entre los