AA.VV. - Criminología crítica y control social 1. El Poder Punitivo del Estado

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jurídico-penal marginal, que nos permita reformular la teoría del derecho
penal latinoamericano, haciendo que la labor interpretativa (dogmática),
recupere los mejores principios del derecho penal de garantías, sin apelar
a ficciones contractuaiistas o a idealismos metafisicos, sino apoyándose
en la apertura a datos de la realidad social.
1. El panorama de los sistemas penales latinoamericanos valorados
conforme a las pautas de los instrumentos de Derechos Humanos está
discretamente expuesto en el documento o informe final de la investigación
sobre el tema que llevó a cabo entre 1983 y 1985 el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (I.I.D.H.). En el informe final
mencionado se formulan casi trescientas recomendaciones puntuales,
pero lo que es no menos importante es que, del cuadro general que
emerge del referido documento, surge con claridad que el grado y número
de violaciones a garantías no sólo mínimas, sino elementalísimas, muestra
una operatividad real de los sistemas penales latinoamericanos que
deslegitiman totalmente el discurso jurídico-penal.
No tendría caso mencionar aquí la larga tabulación de violaciones y
modos operativos para las mismas, para lo cual remitimos al referido
informe. El corolario más importante pra nuestro propósito, es decir, para
la presentación general del tema, es la impresión de conjunto que acerca
de la operatividad real de nuestros sistemas penales nos proporcionan
esos datos.
Es difícil admitir la visión de conjunto que daremos, si prescindimos de
su genealogía. Nuestra historia se encarga de demostrarnos sobradamente
que los sistemas penales latinoamericanos no surgen en función de
códigos o legislaciones, originarias o importadas, sino que desde los
tiempos de la primera colonización se presentan como un ejercicio de
poder controlador disciplinario militarizado ejercido sobre las mayorías y
sobre los disidentes. Las ordenanzas de levas coloniales, esto es, la
incorporación a los ejércitos de los indisciplinados sociales, fueron el
instrumento de control social punitivo más frecuentemente usado en
nuestro margen hasta el siglo pasado. Este control militarizado fue
trasladado a otras agencias, pero buena parte lo conservan los ejércitos
en los países con servicio militar obligatorio, que en nuestros días ha
dejado de ser funcional para la defensa nacional (dada la tecnificación de
la guerra moderna), sino preferentemente para un control disciplinador de
una cantidad considerable de población masculina joven. No obstante,
fueron otras agencias del poder ejecutivo -las policiales- las que tomaron
a su cargo el poder disciplinador del sistema penal al producirse la