AA.VV. - Criminología crítica y control social 1. El Poder Punitivo del Estado

EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO 49
interesantes las reflexiones emitidas por Paz Rubio 1992 y, aunque las
haya formulado con cierta timidez, deberían ser tenidas muy en cuenta).
Es natural a la lógica del procedimiento penal moderno, entonces, que
la ausencia de formas procesales destinadas a regular la actividad de la
jurisdicción penitenciaria y del Ministerio Fiscal en esa materia, haya
dejado en consecuencia también desguarnecido al derecho de defensa y
de asistencia letrada al que toda persona debe acceder según se establece
constitucionalmente en España (art. 24.2 CE). Careciendo entonces este
ámbito de desarrollo legislativo y teniendo en cuenta la naturaleza de
proceso penal en que se sostiene la ejecución de las penas privativas de
libertad, es llamativo cómo tanto en la relación entre Administración e
internos, cuanto en la de éstos con la Jurisdicción de Vigilancia dejan de
tener vigencia los principios garantistas que informan toda actividad
procesal. Son por todo esto muy atinados los reclamos formulados para
alcanzar la vigencia del principio de legalidad, de contradicción -aunque
cierta doctrina niegue que el condenado se halle en pie de igualdad con la
Administración para hacer valer sus derechos (según Moreno Catena
1988, 666)-, de aportación o investigación y de libre valoración de la
prueba, de régimen de recursos en doble instancia, etc, (cfr. Rodríguez
Sáez1992).
Para ratificar este panorama de desamparo normativo-procesal en que
se encuentra el campo de la ejecución de las penas privativas de libertad
pienso que no hace falta insistir demasiado en un dato que no sólo tiene
en España entidad constitucional y legislativa, sino que también se extrae
de la naturaleza jurídica que nutre el control jurisdiccional de la actividad
administrativa en aquella tarea y la protección de los derechos de los
internos. Por tanto, ante la falta del pertinente desarrollo legislativo y el
consecuente vacío legal provocado, conviene recordar algo consustancial
a la actividad penitenciaria en cuanto ella satisface una fase más del
sistema penal que, como tal y como úlitmo modo de sujeción para los
ciudadanos que desobedecen mandatos y prohibiciones punibles, en el
marco de la forma-Estado de derecho, ha de configurar un cuadro de
garantías y reconocimiento de derechos fundamentales. La llamada
"Teoría de las tres columnas de la Justicia" (Drei-Säulen Theorie der
Justiz, cfr. Kaiser/Kerner/Schöch 1982,25-26, con variadas citas)- otorga
al derecho ejecutivo-penal la tercera instancia de actuación del sistema
total de derecho penal y, como tal, después de una larga elaboración y
articulación con las demás fases ha venido a completar la última del
proceso y del juicio penal.