AA.VV. - Criminología crítica y control social 1. El Poder Punitivo del Estado

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por omisión. La violencia policial directa se traduce en miles de muertos
(no menos de veinte mil anualmente, según cálculos optimistas) por
ejecuciones sin proceso, sea por las policías o por grupos de exterminio
no directamente políticos, a los que cabe agregar las "muertes anunciadas",
las "ejemplarizadoras", etc; a ello debemos agregar el enorme
número de muertos de tránsito, que prácticamente no son tomadas en
cuenta, pese a constituir una de las principales causas de muerte de
adultos jóvenes en la región. En este aspecto es notable la total omisión
del sistema penal. Agreguemos a ello las omisiones estatales en la
provisión de alimentación o atención médica elemental en los primeros
meses o años de vida, que cuesta la vida de doscientos mil niños por año,
a lo que cabe agregar un número aproximadamente igual o mayor de
personas que jamás alcanzarán el completo desarrollo psicofísico, por
secuelas de las mismas carencias.
Esta ilusión de tutela que justifica el verdadero o principal ejercicio de
poder del sistema penal, se apuntala con el pequeñísimo número de
personas que son seleccionadas y criminalizadas por el sistema penal
formal latinoamericano, que es el que pasa por las instancias jurisdiccionales
y carcelarias. No obstante, en este funcionamiento secundario o de
menor poder del sistema penal, dirigido fundamentalmente al condicionamiento
de una limitada clientela, o sea, a una función reproductora de un
nivel justificador de violencia, también son las agencias policiales las que
-contra los enunciados asertivos del discurso jurídico-penal-, conservan
el poder selectivo primario. Los jueces, por su parte, ostentan un poder
más aparente que real, esto es, una capacidad selectiva muy secundaria.
Dada la altísima selectividad del sistema penal latinoamericano, el número
de delitos criminalizados es casi despreciable por ínfimo respecto de la
totalidad incalculable de delitos que se cometen, por lo que la arbitrariedad
selectiva es mucho mayor que en los países centrales. Es así como el
legislador latinoamericano no hace más que ampliar el ámbito de arbitrariedad
selectiva de las agencias policiales cuando legisla un nuevo tipo, a
cuyo respecto corresponde recordar que la proliferación de tipos penales
en la región es extraordinaria, especialmente en función del enorme
número de leyes penales especiales o descodificadas.
2. Las instancias institucionalizadas del sistema penal generan también
su propio mecanismo de retroalimentación, seleccionando y entrenando
pacientemente a sus propios miembros, de una manera que, por lo
general, también es deteriorante, particularmente en lo que hace a la
identidad de las personas. Es importante señalar en este aspecto que la