mexicanas

Ramiro Contreras-Acevedo
con objetivos estratégicos para impulsar el desarrollo de la ciencia y la innovación
en nuestra sociedad. 2
Las preguntas
¿Hay una comunidad científica nacional integrada —colectividad que no se había
articulado antes— que trabaje con objetivos comunes? ¿Por qué no aceptar que los
horizontes propuestos por los planes nacionales y los de las organizaciones
internacionales van por caminos diferentes y a veces muy distantes (la ANUIES,
por ejemplo, trabaja en la internacionalización)? ¿La “cantidad de citas” en un
artículo es criterio de calidad de manera tal que el evaluador recomiende la
publicación? ¿Existe una cultura subjetiva de evaluación científico-académica a
nivel nacional, dentro de un sistema sui géneris de medición de la productividad
científica de los investigadores que genere un prototipo estándar de valoración del
conocimiento? ¿Cuáles son las aportaciones intelectuales especializadas que
pueden conjuntarse con las pretensiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
para lograr la superación en la vida académica del país? ¿Cuáles son los criterios de
los evaluadores que tienen las revistas de excelencia, donde publican sus artículos
los investigadores nacionales? ¿Cuáles son los campos del conocimiento que
abarcan los más de cuarenta diferentes campos interdisciplinarios del CONACyT?
(Gallegos, 2012). 3 ¿El modelo administrativo-académico mexicano es un prototipo
educativo imitado por otros países del mundo, especialmente de América Latina,
que pueda aprovecharse para reforzar la construcción de criterios para evaluar la
producción, colaboración y difusión del conocimiento?
Hipótesis
En este escrito se sostiene que, si bien ya existe una “cultura de calidad” en el terreno
de la producción intelectual que ha transformado el trabajo académico en el país
(Ruiz, 2012) no hay conciencia sobre la necesidad de “sistematizar” esta cultura para
alcanzar los objetivos que, de acuerdo con los PND, es urgente que se alcancen en el
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Javier Esteinou y su grupo, sin embargo, “siguen” la historia. Quizás resulte necesario insistir en lo
dicho arriba: “salirse” del paradigma existente.
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Es importante destacar que dicho recurso de impugnación no existía en el reglamento general del
SNI, pero el doctor Sergio Aguayo, en 1996, cuando su evaluación fue deformada por criterios políticos
de los dictaminadores, recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y logró que dicha
instancia recomendara la reinstalación de su nivel académico y se introdujera a partir de entonces
dicha garantía de apelación como derecho de los investigadores (Rosales, 2012: 98-99).
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