Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por la ...

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blindados contra el pabelllón 1A tuviera lugar como a las 6 de la tarde del dia 6 de mayo de
1992. Los prisioneros hicieron ese trayecto bajo constante fuego de francotiradores (agentes
especialmente apostados para ese objetivo) quienes tiraban a matar, mientras buscaban
alcanzar seguridad. Este fue el caso de Vilma Aguilar, una prisionera de 60 años de edad, y
el caso de Rosa Luz Aponte. Muchos prisioneros cayeron heridos durante dicho paso. Al
seguir el camino hacia un espacio seguro, los prisioneros tenían que pasar por áreas que
habían sido particularmente expuestas al ataque ínicial y se encontraban expuestas a las balas
de los agentes del Estado. El paso hacia los duetos requería el paso obligado por la cabina
del segundo piso del pabellón 1A. Dicha cabina había sido frontalmente atacada con
instalazas y rockets y seguía siendo objeto de ataque frontal. Su interior estaba totalmente
destruido y lleno de debris y cuerpos humanos quemados -por efectos de la bombasesparcidos
por el suelo, Sobrevivientes han declarado que entre los muertos que reconocieron
en esa cabina estaban: Juan Gilberto, Conde Yupari y otros. Ante el inminente colapso del
edificio bajo las bombas, las víctimas tuvieron que pasar arrastrándose por sobre restos
humanos que aún se encontraban tibios, bajo las constantes balas. Los sobrevivientes han
declarado que tener que arrastrarse por encima de cuerpos humanos en la desesperación por
vivir, bajo el fuego constante de los agentes del Estado, constituye una inflicción severa de
sufrimiento mental en un ser humano. Respetuosamente planteamos que el ser forzado -por
los bombardeos y balas a matar de los agentes del Estado- a tales actos, constituyó una
deshumanización brutal de los prisioneros" Una brutalización que fue intencional y
calculada: un ataque frontal contra la conciencia humana, por el respeto que le debemos a
nuestra propia especie.
22. Los prisioneros hicieron esfuerzos para encontrar una solución pacífica al ataque.
Pidieron que una comisión independiente de observadores fuera formada con representantes
de la Cruz Roja Internacional, un representante de la Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos (quien estaba presente fuera de la prisión pero había sido negado acceso por las
autoridades), y un grupo de sus propios representantes legales y familiares para garantizar el
respeto a sus vidas. El 7 de mayo a aproximadamente las 6 p.m. un acuerdo file alcanzado de
un lado entre los delegados de los prisioneros y la Fiscal Mirtha Campos y altas autoridades
de la policía del otro Fue en ese momento que las autoridades exigieron que las prisioneras
mujeres salieran de dicho pabellón ya que el "objetivo" de dicha operación era su "traslado a
otra prisión" Los prisioneros aceptaron el traslado de las prisioneras pero demandaron la
presencia de observadores para garantizar el respeto de sus vidas al dejar el edificio, Las
autoridades aceptaron esto. Este acuerdo incluía como primer paso, la evacuación de los
prisioneros heridos en estado grave y en urgente necesidad de atención médica para que la
Cruz Roja Internacional -presente en las afuerzas del penal- los auxiliara. Los prisioneros
cumplieron con sacar a 31 prisioneros heridos de gravedad -(hombres y mujeres) quienes
requerían urgente atención médica- al área conocida como rotonda. El acuerdo, sin
embargo, fue violado por las autoridades. Las fuerzas de seguridad tomaron a los delegados
de los prisioneros que habían salido para conferenciar con ellos como rehenes, Con respecto
al trato que los agentes del Estado dieron a los heridos y mujeres gestantes que salieron
conjuntamente: lejos de permitir su atención médica fueron apedreados, les echaron gases y
los rociaron con kerosene en las heridas abiertas amenazando con prenderles fuego si el resto
no se "rendía". Las autoridades negaron agua, alimentos y ayuda humanitaria a los heridos y
las gestantes por el resto del ataque. Estos permanecieron por días en dicha rotonda a la
inclemencia de los elementos y en medio del bombardeo, El Estado peruano no permitió el
acceso de la Cruz Roja Internacional ni de observadores independientes. Por el contrario, el
Estado movilizó más de 1,500 efectivos del ejército y grupos especiales de la policía en
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