Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra Cuenta General ...

Otros aspectos detectados en la revisión de los expedientes de aplazamientos de pago de
deudas tributarias son:
− No se recibe la información prevista en el Reglamento relativa a la situación de la
tesorería de las empresas con deudas aplazadas por más de dos años ni la relativa a los
acuerdos de ampliación de capital (artículo 44.5 del DF 38/2006).
− No se realiza el seguimiento previsto en el Reglamento de la situación económicofinanciera
y patrimonial del deudor que ha obtenido dispensa total o parcial de garantías
(artículo 42.5 del DF 38/2006).
− No se realiza un seguimiento del cumplimiento de las cláusulas especiales de acuerdos
de concesión de aplazamientos relativas a la afección al pago de la deuda aplazada del
producto obtenido por la venta de bienes que formen parte del inmovilizado material de
la empresa. La base de datos tampoco incorpora esta información.
Ingresos en otras administraciones
La DFG reclama un importe de 121.465 miles de euros a otras Administraciones Forales y al
Estado por deudas tributarias correspondientes a Gipuzkoa que han sido ingresadas
indebidamente en aquéllas. La demanda más importante corresponde a una empresa
tabaquera (72.397 miles de euros) y la mayoría tiene su origen en las declaraciones de IVA
del período 1992-1998, al no haberse considerado la existencia de una planta de fabricación
en Gipuzkoa. Esta deuda fue reclamada formalmente en 1999 y está pendiente de resolución
por el órgano competente. La Ley 12/2002, de Concierto Económico, establece en los
artículos 65 y 66, que el órgano competente para resolver los conflictos que se planteen
entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la
Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma es la Junta Arbitral. Este órgano,
que estará integrado por tres miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministerio
de Hacienda y el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco entre
expertos de reconocido prestigio, no ha sido constituido a la fecha de este informe, por lo
que no se ha resuelto esta situación. Para las deudas reclamadas entre administraciones de
la CAPV no se ha regulado el órgano que ha de resolver las diferencias (ver Anexo A.7).
En relación con esta reclamación, la DFG retuvo devoluciones de liquidaciones de IVA y
de sociedades de los ejercicios 1999 a 2002 a la empresa tabaquera por importe de 6.980
miles de euros. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena a la DFG a realizar
las devoluciones y a abonar intereses del principal por importe de 907 miles de euros y
gastos de letrados y procuradores por importe de 309 miles de euros, así como costas
procesales por importe de 33 miles de euros.
En mayo de 2005, se acordó constituir un grupo de trabajo integrado por representantes
de la Administración General del Estado y de las haciendas forales alavesa, guipuzcoana y
vizcaína y el Gobierno Vasco, para analizar la situación práctica de los ingresos realizados en
administraciones no competentes a partir del 1 de enero de 2006. A partir de esta fecha,
disminuyen las cantidades reclamadas a otras administraciones.
112