Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra Cuenta General ...

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La constitución de la Junta Arbitral en septiembre de 2007, regulada en el
nuevo Concierto Económico, debería incidir en la resolución de los
conflictos entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el resto de
Administraciones; sin embargo, la no regulación del órgano competente
para resolver conflictos entre las administraciones de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, impide agotar la vía administrativa para la
resolución de las diferencias entre las administraciones, requisito
necesario para acudir a la vía judicial.
II.3 CONTRATACIÓN
Registro de Contratos
El Servicio de Intervención y Auditoría, responsable del Registro de Contratos de la DFG, no
recibe de los departamentos información sobre los contratos tramitados por los mismos.
Solamente controla los concursos públicos o subastas en los que tiene un representante en
la Mesa de Contratación.
Así al elaborar la “Memoria de Contratación 2006” considera como tramitados por
procedimiento negociado sin publicidad, todos aquellos contratos que por su importe entran
dentro de los límites máximos fijados para los procedimientos negociados sin publicidad, sin
que se realice ninguna verificación. Por otra parte, no hay información sobre prórrogas y
modificaciones de contratos, por lo que la situación de cada contrato únicamente es
conocida por el departamento adjudicador.
El Registro de Contratos de la DFG no recoge la totalidad de los aspectos
establecidos en el Decreto Foral 24/2001, que regula su confección. La DFG
debería establecer un procedimiento integrado con la contabilidad para
confeccionar el registro de contratos.
Expedientes de contratación (ver Anexos A.15.1 y 2)
Se han analizado 29 expedientes de contratación adjudicados en 2006 por importe de
156.574 miles de euros y 16 expedientes de los adjudicados en años anteriores cuya
ejecución en el año 2006 ha sido de 74.370 miles de euros, destacando los siguientes
aspectos:
− Los pliegos de cláusulas administrativas de catorce expedientes, adjudicados durante
2006 por un importe total de 150.784 miles de euros y de uno declarado desierto,
establecen una fórmula de valoración de la oferta económica que, aunque resulta
objetiva y pública, minora la ponderación del factor precio prevista en el propio pliego.
Así, aunque en las condiciones de licitación se prevea que el factor precio tenga un peso
en el concurso entre un 15% y un 50%, lo cierto es que por aplicación de las fórmulas, la
diferencia de puntos entre el más caro y el más barato oscila apenas entre 1 y 11 puntos
porcentuales, con lo que pierde peso en la valoración total de los criterios.