Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra Cuenta General ...

primera fase del contrato. A partir de ese momento, la Dirección General de Deportes
impuso un cambio en la metodología de trabajo, pasando a mantener reuniones periódicas
con el equipo de la empresa encargado de la realización del objeto del contrato, decidiendo
con ello, implícitamente, no resolver el contrato, como podía haber hecho, y continuar con la
ejecución del contrato sin penalidades. No obstante, con el paso del tiempo, llegó al
convencimiento de que la empresa consultora, a pesar de poner a disposición todos sus
medios materiales y humanos, no podría elaborar satisfactoriamente el Avance del Plan
Territorial Sectorial de Equipamientos Deportivos de Gipuzkoa que constituía el objeto del
contrato. Por ello, se acordó con ella que su prestación se reduciría a mejorar el documento
“Información y diagnóstico” y se daría por concluido el contrato.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 112.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el mutuo acuerdo sólo cabe cuando no concurra
otra causa de resolución imputable al contratista. Y aquí, según se ha argumentado, no
concurría la demora en el cumplimiento del plazo contractual ni otros incumplimientos
imputables al contratista. Por lo tanto, cabía acudir al mutuo acuerdo para poner fin a la
relación contractual, lo que permitía alcanzar la solución más satisfactoria, tanto para la
Administración como para el contratista, máxime teniendo en cuenta que, ni uno ni otra,
habían podido encontrar la fórmula que permitiera el cumplimiento del contrato.
En cuanto a una eventual exigencia de daños y perjuicios al contratista por parte de la
Dputación, no parecía procedente, toda vez que, de acuerdo con el artículo 113.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la reclamación de daños
y perjuicios sólo es exigible cuando existe un incumplimiento culpable del contratista.
Además, y según lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Contratos de
las Adiministraciones Públicas, tampoco se habían producido daños o perjuicios
indemnizables por el contratista.
En el contrato de obras del proyecto de interceptor del Oria Medio y ramales
complementarios, adjudicado en 2004 por importe de 7.142 miles de euros, se aprueba un
proyecto modificado en 2006 de un 4% del importe primitivo del contrato, al mismo tiempo
que la certificación final y un mes después de la recepción de la obra. El artículo 146.4 del
TRLCAP prevé la posibilidad de que continúen provisionalmente las obras para no causar
graves perjuicios para el interés público, siempre y cuando no se supere el límite del 20%.
Sin embargo, en este contrato la ejecución provisional se ha consolidado de forma definitiva
antes de ser aprobada la modificación.
Alegación
En relación con el contrato para la ejecución de las obras del Interceptor del Oria Medio y
ramales complementarios, en su Tramo I: Irura – Zizurkil, tanto el Acuerdo del Consejo de
Diputados de fecha 26 de diciembre de 2006 por el que se aprueba el Proyecto Modificado
nº 1 como los correspondientes informes detallan las circunstancias por las cuales se
202