Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra Cuenta General ...

Además de los acreedores tributarios registrados en el Balance de Situación al cierre del
ejercicio, existían devoluciones de ingresos tributarios pendientes de aprobar por importe
de 81.741 miles de euros que no se reflejan hasta su aprobación en el 2007.
La provisión para compromisos institucionales representa la estimación del incremento de
los compromisos institucionales que supondría el cobro de los deudores tributarios no
provisionados como incobrables, netos de acreedores por devoluciones.
Deudas tributarias ingresadas en otras haciendas
Las deudas ingresadas en otras administraciones, cuya titularidad reclama la DFG,
ascienden a 121.465 miles de euros. De este importe, destaca el importe liquidado por la
inspección tributaria, 72.397 miles de euros correspondiente a una empresa tabaquera,
teniendo su origen en las declaraciones de IVA del período 1992 a 1998, al no haberse
considerado la existencia de una planta de fabricación en Gipuzkoa.
Esta deuda fue reclamada en 1999 a las diferentes administraciones, sin que ninguna de
ellas se haya comprometido mediante documento escrito a su pago. Asimismo, fue
comunicada al Consejo Vasco de Finanzas Públicas y al Órgano de Coordinación Tributaria.
La Agencia Tributaria, en un Informe de la Oficina Nacional de Inspección de 18 de
febrero de 2000, estima que las cantidades ingresadas en la Administración del Estado
correspondientes a la DFG son, básicamente, las reclamadas por ésta, no considerando
prescrito ningún ejercicio.
La inspección de la Diputación Foral de Bizkaia, en un informe emitido el 3 de julio de
2002 considera que, respecto a los ejercicios 1992 a 1995, existen actas incoadas en 1998
por la Agencia Tributaria en las que no se modifican los coeficientes de volumen de
operaciones declarados y por tanto son firmes. Asimismo, respecto al periodo 1996 a 1998
existen discrepancias en las cifras con la DFG.
La Ley 12/2002, de Concierto Económico, establece en los artículos 65 y 66, que el órgano
competente para resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado
y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad
Autónoma es la Junta Arbitral. Para las deudas reclamadas entre administraciones de la
CAPV no se ha regulado el órgano que ha de resolver las diferencias.
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