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4> Implican la misión de vigilar y reclamar, por parte de la
oposición, que se realicen los mandatos programáticOs y
que cumpla su contenido’ 0.
Ahora bien, en estrecha relación con la eficacia que se
cuestionn, está el aspecto de. la “reserva de ley’’’. A menudo, la
enunciación de los Derechos Humanos reenvía a una ley ordinaria.
que desarrollará y concretará el ejercicio del derecho, Este
procedimiento no es en si exclusivo de la parte orgánica de la
Constitución, pero sí cabe preguntarme si no se consecuencia del
clásico debate que cuestiona la eficacia de las normas
programáticas. Se puede considerar, y la práctica lo confirma,
que ante las dudas que suscita la efectividad jurídica de las
normas constitucionales, y ante la certeza que se predica del
derecho ordinario, la Constitución recurre a la ley ordinaria,
tratando así de reforzar su eficacia real. Eso significa el
reconocimiento de que la efectividad jurídica de la Constitución
que es la supernorma y la cúspide del ordenamiento jurídico, no
siempre y de forma absoluta ha tenido su acatamiento en la
práctica real por los jueces, tema que será objeto de desarrollo
en el Capitulo Y Jueces y Constitución, Se recurre pues a la
reserva de ley” como una garantía de que ésta sí será cumplida y
aplicada por el poder judicial, y como es evidente, la ley
ordinaria que regule el derecho enunciado en normas programáticas
constitucionales no podría ir en contra de la esencia del derecho
humano correspondiente. Pero no son sólo los Derechos Humanos los
que se tratan de proteger mediante el recurso de “reserva de
ley”, sino que el procedimiento es extensible a normas
prograimáticas de diverso contenido. En síntesis podemos afirmar