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El Tribunal Constitucional ha ratificado esta última tesis,
manteniéndose el criterio de que “la Canetitución, lejos de ser
un mero catalogo de principios de no in>aediata vinculación y de
no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por
vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro
ordenamiento, y en cuanto tal, tanto Loe ciudadanos ceno todos
los poderes públicos están sujetos a ella”’. Es muy numerosa la
jurisprudencia a este respecto.
Todo esto es de gran importancia referido a la interpretación
de los preceptos que hay en la Constitución con carácter
económico. Pues son normas jurídicas que vinculan tanto a los
poderes públicos como a los individuos, aunque la Constitución
distingue diferentes niveles de protecci¿n que van desde el
acceso directo al Tribunal Constitucional hasta la tutela directa
del juez ordinario en caso de violación de alguno de ellos. Luego
no se limitan los preceptos constitucionales a dar
recomendaciones o consejos políticos de actuación a los órganos
del Estado, sino son mandatos imperativos cuya singularidad
estriba en que la norma constitucional utiliza proposiciones
finalistas o de resultado para los poderes públicos, que implican
necesariamente una medida de comportamiento o de actuación cuya
determinación no se encuentra siempre n la propia norma sino
atribuida a los propios órganos que actúan.
Examinaremos seguidamente cuáles son los instrumentOs de
actuación que el Estado puede utilizar en su gestión económica,
loe fines que marca el texto constitucional, y la regulación y
protección de la actividad económica privada.