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bien el caso de que no dispusiera de puestos de trabajo para
repartir, o de fondos para atender el seguro de desempleo.
La ubicación del precepto en el texto constitucional lo doté
de unas carateristicas especificas. Así, el deber al trabajo
constitucionalmente establecido no constituye una obligación en
sentido jurídico estricto sino más bien una valoración de
carácter metajuridico, por lo que en modo alguno significa que
nadie vaya obligado compulsivaoezlte a trabajar.
Por otro lado no se trata tampoco de un auténtico derecho de
crédito de cumplimiento exigible ante los Tribunales por muobo
que fuera esto deseable. De hecho, la propia Constitución
reconoce la posibilidad de que haya ciudadanos que carezcan de un
puesto de trabajo, cuando obliga a los poderes públicos a
mantener un régimen de seguridad social que atienda entre otras,
las situaciones de desempleo (art. 41>. Por tanto el derecho al
trabajo no transciende, en el sentido de derecho “a un puesto de
trabajo’, da un principio progr’aático que, eso si. vincula a
todos los poderes públicos, , y que ha de analirarse
en relación con otros muchos preceptos constitucionales . Es de señalan
respecto al sujeto activo del derecho, que se reconOce
exclusivamente a los espafioles. siendo, por tanto, posible
imponer restricciones a los extranjeros en el ejercicio de este
derecho en España.
3. de Esteban se pregunta: ¿Quiere decir la Constitución que
todo ciudadano tiene derecho a exigir a los poderes públicos que