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Constitución, y da lugar a un retroceso en una serie de reformas
soc i al es.
tos criterios de las decisiones judiciales respecto a la
actuación legislativa. —especialmente, la “oportunidad”,
“proporcionalidad’, y “razonabilidad” de las leyes—, entre el
periodo de 1890 a 1937, sigúlficó que los jueces impusieron una
determinada política económica, a través de la revisión y
numerosos rechazos de la legislación política, social y económica
dís Congreso y de los Estados, Una muestra decisiva del
“activismo político’ del Tribunal
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Supremo es en 1
en el caso
“Lochner versus New York”.
Concretamente, el caso Lochner, supuso ya el inicio de una
auténtica invasión del poder legislativo por parte de los jueces,
un verdadero “gobierno de los jueces”, como lo designa 3.
Lambert”. Como consecuencia de la doctrina del “debido proceso
de derecho”, en tanto que “derecho razonable’, la revisión
judicial dejó de tener limites definidos, toda vez que la
facultad de los Tribunales para estimar la constitucionalidad de
una ley, a través de la enmienda XIV. dependía de la
discrecionalidad del propio Tribunal. BaJo la eficacia
incontrolable de la emienda XIV, sí Tribunal Supremo se había
convertido en un verdadero dictador económico.
Tanto los Tribunales de los Estados, como el tribunal Supremo
Federal impusieron sus criterios socio—económicos al legislador,
invalidando toda la legislación laboral, por considerar la
‘intrusión indebida’, y “no razonable” del poder público en la