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individuo ignorando el contexto económicO en que estos han de
ej ercerse.
A partir de la Segunda Guerra Mundial se abre canino la idea
de que el bienestar del individuo es responsabilidad del Estado y
los nuevos textos constitucionales vienen a capacitar al Estado
para que 4ste actúe de patrono, obrero, asegurador y promotor. Va
imponiéndose así un intervencionismo económico articulado
mediante la planificación y la programación que Seg.>n diversos
autores puede provocar situaciones lesivas para los derechos
clásicos y el mismo Estado de Derecho.
El Estado planifica. programa, subvenciotsa. subsidia y en su
gestión del bienestar general a menudo invade esferas privadas.
Culmina de esta forma en un primer momento el proceso se6alado
más arriba como línea de ida de la interacción de ‘publicización’
de los espacios privados en la implantación del Estado Social.
Las recientes crisis económicas, la de 1973 y la de 1981, han
propiciado una crisis de legitimación del Estado del Bienestar
ante la estimación de que el Estado no es siempre el sejor gestor
y que los servicios sociales que propociofia no tienen siempre la
eficacia que las necesidades exigen. Se trata de un criterio de
legitimidad fundamentado en la eficacia, desde luego, pero dada
la imbricación actual entre crecimiento económico y legitimidad
política, no tiene nada de extraVío que estas crisis hayan
desembocadO en una formulación teórica que pone en cuestión la
estructura constitucional misma del Estado contemporánefl. esto es
la teoría de la ingobernabilidad.