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ocurrido, tanto en sentido conservador como en sentido
5.
progresista’
dependiendo de los distintos factores
extrajuridicos, políticos y sociales que condicionan su
actuación. En el fondo la polémica sobre la actividad del
Tribunal Supremo y sus consecuencias radica en la tensitn entre
Política y Derecho, que cuestiona si los problemas que se le
someten pueden resolverse con criterio jurí dico, si problemas
políticos son susceptibles de judicializarse, si el poder del
Tribunal Supremo de enmendar o revisar la Constitución tiene un
fundamento democrático, y cuáles son sus argumentos legitimadores
para imponerse a la voluntad de las Cámaras que son expresión de
la voluntad popular a través de sus representantes.
A pesar de esta problemática es innegable que el Tribunal
Supremo ha venido desarrollando una actividad con un carácter
político que ha oscilado en intensidad y en tendencias. De hecho
se pueden seifalar tres períodos:
a> De 1801 a 1835, en el que el Tribunal Supremo inaugura el
control de federalismo, y después el de la constitucionalidad de
las leyes, bajo el impulso del Juez Marsball. El Tribunal y el
cuerpo judicial se afirman como poder y como regulador de la vida
constitucional,
La actividad judicial revisora de la constitucionalidad de
las otras funciones del poder estatal cobró nuevo empuje con la
aprobación de la Enmienda XIV introducida después de la guerra
civil (1866>. Esta Enmienda recogía la vinculación de los
gobiernos de los Estados a la exigencia del «proceso debido”