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Se trata de instrumentos que, explícitamente, puede usar el
Estado junto con otros que existem implicitamenteL lo cual le
permite interveojr, partiendo de la idea general de la primacía
de la política sobre la economía cm cualquier dirección, ya en
sentido neocapítalísta, ya según otra tendencia.
Concretamente Amato y Mérlini’¼ en un estudio sobre los
últimos treinta años, refiriéndose a la Constitución económica
señalan que ha habido falta de coherencia y de línea de
continuidad en el área económica, y que existe» ejemplos de ello
de todo tipo y de diversas orientaciones. El primer autor citado
opina que, sí uso de los variados instrumentos y la falta de
firme voluntad política, ha configurado un gobierno “de
componendas’, que ha distribuido ventajas a diestro y siniestro
en tanto que la coyuntura económica se presentaba favorable en
términos de disponibilidad de mano de obra barata, sin
preocuparse verdaderamente por esa reforma de las reLaciones
sociales propuesta en el articulo 3.2, y que habría debido llevar
a una gradual eliminación de las injusticias sociales procedentes
de las explotaciones del pasado, permitiendo así la evolución
hacia un régimen económico en el que los trabajadores no habrían
ya de temer las crisis coyunturales, ni tampoco depender. del
éxito profesional de los empresarios.
Consideremos brevemente los diferentes procedimientos por los
que el Estado interviene en la economía y que se hallan previstos
en la Constitución. En cuanto a la propiedad privada ha habido
interesantes debates sobre su configuración jurídica. Mientras
que en el Estatuto Albertino, regulada en el articulo 29, era el