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En la época de la revolución tecnológica y de la incidencia
de las nuevas técnicas, —informática, robótica, etc.— sobre
derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, el caso más
evidente del derecho a la intimidad, la salvaguardia ¿el honor,
el secreto da la correspondencia, etc, resulta evidente que es
preciso replantear y flexibilizar las concepciones clásicas sobre
las relaciones entre sí ámbito de lo privado y el de lo público.
Tarea nada fácil. Las Constituciones regulan la totalidad del
orden político y social, pero de este cometido quedarán siempre
excluidos los aspectos privados en especial las relaciones
interprivaton” ya que el constitucionalismo liberal clásico ha
partido siempre del principio abstencionista en la garantía de
tos derechos fundamentales. Desde este punto de vista, la mejor
ley de protección de las libertades es una inexistente. Luego,
con la teoría del Estado social pareció prudente extender, como
henos dicho, el empeifo regulador público a determinados aspectos
de tas relaciones privadas con la justificación de que estas
tuvieran que ver con la producción (huelga, sindicatos, salario
máximo, contratación colectiva, etc.>. Finalmente, —y tal es
nuestra posición— ha sido necesario intervenir en las puras
relaciones privadas. Ciertamente, se trata de un asunto sumamente
delicado puesto que, cuando tal problema se plantea, la
intervención pública ya no puede invocar un supuesto o real
interés público , sino una adecuación
de la teoría jurídico-polItico liberal e individualista al campo
de la acción de los derechos fundamentales. Pero, claro es, el
limite más evidente en este terreno es, como bien se sabe, los
derechos de terceros. Ello es lo que obliga a reconocer la
necesidad de contrarrestar la creciente ‘publicización’ de los