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—303— y naturaleza jurídico-política de dicha jurisdicción. Se ha creído ver en la facultad de control de las leyes una ofensa a la soberaní a nacional y una potencial expropiación de la facultad legislativa. El problema que se plantea es cómo SC puede articular que órganos no representativos ~or no ser elegidos por Cl pueblo, ejerzan control sobre la actuación del poder legislativo o Parlamento que representa la voluntad popular El debate político crttico se centra en la tensión existente entre la teoría de la soberanía parlamentaria, para la que resulta evidente que no puede darse tal control, pues implicaría una segunda posición para el Parlamento, y la teoría de la soberanía constitucional, cuyo móvil no es en sí la supeditación del poder legislativo sino que el control de constitucionalidad trata de proteger una relación entre poderes, entre los que no se considera uno supremo, sino que lo es el equilibrio entre ellos. Entre otros autores, Y. Cadart, seflala que el problema es 0. político Pues sí el Parlamento legisla casi siempre de acuerdo con el Gobierno, al ser sometidas las leyes a un control judicial, el órgano capacitado para ello controla a las instancias supremas del Estado. O sea, el Tribunal Constitucional limita al Parlamento y al Gobierno, que expresan en última instancia la voluntad nacional. Realmente estos son los graves reparos liberales al control de la constitucionalidad Pero para 3. Cadart puesto que el Parlamento y Gobierno al interpretar las libertades hacen política como cada vez que legislan será a menudo imposible que los jueces constitucionales se limiten a
-304— aplicar el derecho puro Será preciso que a su vez legislen, y en consecuencia hagan política en forma amplia. Tendrán que adoptar posiciones no simplemente jurídicas, sino 0. politicas La exposición de Cadart, aparte de mostrar los reparos liberales típicos del control de constitucionalidad, como el radicalismo con que Sostiene la supremacía parlamentaria, es útil porque confirma el cariz político de la jurisdicción constitucional en su actividad examinadora y decisoria. Como seilala Otto Pardo, los Tribunales Constitucionales no son órganos simplemente Jurídicos, sino que son órganos que a través de su poder de jurisdicción adoptan decisiones políticast, Debido a esta naturaleza jurídico—política en su estructura y organización aparecen aspectos políticos. Concretamente su composición, la designación y elección de sus miembros influyen poderosamente en la carga política del órgano constitucional al igual que comentábamos respecto al procedimiento de acceso a la Judicatura ordinaria. Son numerosos los autores0 que destacan la vertiente política de la actuación de lo~ Tribunales Constitucionales, pero sólo se pretende en este capítulo apuntar esa realidad y fijar cono en la interpretación constitucional, instrumento de creación de Derecho, se articula el problema del carácter político o no, de los órganos de jurisdicción constitucional. Actualmente, si bien se ha superado la polémica de si Se puede categorízar cono jurisdicción la función que no enjuicia hechos sino normas, en cambio sigue de actualidad la discusión entre la compatibilidad de la jurisdicción y ciertas concepciones
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—581— Hay que precisar que la i
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-583— planificadora en nuestro te
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-565— procesos económicos, con l
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—567— bien el caso de que no di
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—569— La eficacia de este derec
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-571- actividad y relaciones econó
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—573— utilización plena o cond
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—575— Actualmente en la socieda
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—577— en nuestro análisis de c
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—579— Constitución no ha tenid
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—581— 13> Vid. P. Galgano. op.
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—583— 38> Cf. Jose Maria León,
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—Sss— 69> Vid. Oscar de Juan As
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CONCLUS EONES GENEPALES
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aquellos principios, pero la línea
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E 1 EL 1 CORAF lA
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—612— Aragón Peyes, X. “Dos
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—616— Sentencia del Tribunal Co
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—620— Heller, II. Teoría del E
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Caseirer, E.: Filosofía de la Ilus
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—6 3’?— Martínez Cuadrado, I
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—641— Ruiz, J, Ciencia politica
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Cano Mata, A.: Sentencias del Tribu
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