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menor que otras normas constitucionales pues suponen una acción
material futura necesaria, y eso ya implica algunos parámetros
que no siempre se pueden controlar, como el tienFo y la
intensidad de la acción,
Ciertamente, los textos que incluyen normas programáticas
tratan de reforzar su efectividad recurriendo al derecho
ordinario mediante la ‘reserva de
0,
ley”
que como ya vinos no
constituye argumento que garantice la eficacia.
Se podría afirmar que el problema político no reside en qué
derechos sociales y económicos enuncian los textos
constitucionales, sino de qué medios prácticos dispone el Estado
para evitar que permanezcan como fórmulas vacias. Su efectividad
implica una actitud positiva de los órganos estatales para luchar
contra la desigualdad económica y concentrada en una serie de
prestaciones activas y garantías institucionales.
La preocupación por la efectividad de tales derechos o
declaraciones, por citar un ejemplo, fue patente en los debates
parlamentarios de la Constitución espaflola de 1978; 0. de Juan
Asenjo dice: “En el curso de los debates parlamentarios, no
faltaron denuncias de la hipertrofia de derechos sociales, y
advertencias de que ello podía conducir al desencanto
constitucional, cuando el ciudadano descubriera que los derechos
al trabajo, vivienda y salud.., otorgados por la ley fundamental,
eran pura hipocresía” s~,