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constitucional, según 1cm momentos políticos concretos, los
partidos políticos en el gobierno, la personalidad de jueces y
magistrados, y sus vinculaciones políticas, con el inconveniente
de que no hay frente a ello fórmulas fáciles, desde el momento en
que la práctica y la doctrina sostienen que un rasgo del Estado
del Bienestar es su estructura constitucional abierta y dinámica
que posibilita la sucesiva aplicación de programas de partidos
distintos susceptibles de interpretar de modo diferente el
mandato del texto constitucional.
En un mismo país, Estado Unidos, y con el mismo texto
constitucional desde hace 200 aVíes la jurisprudencia ha seguido
líneas progresistas o conservadoras según los casos en la
interpretación de la Constitución, lo cual ha implicado profundos
cambios en la actuación del Tribunal Supremo; el más evidente se
nos aparece hoy en la renovada vigencia de la polémica sobre si
la jurisprudencia constitucional (en general, toda actividad de
los jueces, mas este es un asunto de índole distinta> ha de
ajustarse al principio de la restricción o al del activismo.
Evidentemente, restricción quiere aquí decir, “autorestricción’.
Es opinión general que la restricción judicial obedece a
posiciones políticas conservadoras, mientras que el activismo
sería ‘progresista’ (aspecto que se identifica con el desarrollo
del Estado de Bienestar>. En nuestros días, este punto de vista
no puede mantenerse con tanta seguridad. También en este campo ha
cambiado el paradigma. Ahora bien, sea la futura jurisprudencia
‘restricta’ o “activa”, no hay duda de que, como se ha dicho, el
Tribunal Supremo, a través de sus sentencias, ha realizado la
“rewrittiog’ de la Constitución. Es razonable pensar que esta