Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo
que se halla bajo su custodia. 90 Es posible considerar responsable al
Estado por las torturas, [o los] tratos crueles, inhumanos o degradantes
que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes
estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria
de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como
responsables de ellos. 91 Recae en el Estado la obligación de proveer una
explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las
alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios
adecuados. 92
274. En lo que se refiere a personas privadas de la libertad, el propio artículo
5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con
el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo
inderogable, que no es susceptible de suspensión en casos de guerra,
peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los
Estados Partes. 93
277. Las violaciones a la integridad personal de los internos como consecuencia
del llamado Operativo Mudanza 1 se enmarcan dentro de
las consideraciones realizadas por el Tribunal en el capítulo sobre
violación del artículo 4 (derecho a la vida) de la Convención, en cuanto
al uso ilegítimo de la fuerza, la magnitud de la fuerza utilizada, el
tipo de armas, explosivos y gases empleados contra los internos que
se encontraban en los pabellones 1A y 4B del penal Miguel Castro
Castro.
278. La Corte se remite a esas consideraciones sobre los factores que repercuten
en la gravedad de los hechos. Es claro que el uso de esa fuerza
90 ver caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 138; caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 120 y
caso López Álvarez, supra nota 146, párr. 104-106.
91 ver caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 120, y caso “Niños de la calle” (Villagrán Morales y
otros), sentencia del 19 de noviembre de 1999, serie c n° 63, párr. 170. en el mismo sentido, ver
corte europea de derechos humanos, caso Yavuz vs. Turquía, sentencia del 10 de enero de 2006,
app. n° 67137/01, párr. 38; corte europea de derechos humanos, caso Aksoy vs. Turquía, sentencia
del 18 de diciembre de 1996, app. n° 100/1995/606/694, párr. 61 y 62, y corte europea de
derechos humanos, caso Tomasi vs. Francia, sentencia del 27 de agosto de1992, serie a n° 241-a,
párr. 108-111.
92 ver caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 120, y caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 138,
párr. 111.
93 ver caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 128, párr. 85, y caso Masacre de
Pueblo Bello, supra nota 7, párr. 119.
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