Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía un máximo de
dos años como pena para ese delito.
75. Por lo anteriormente expresado, la Corte declara que el Estado del Ecuador
violó en perjuicio del señor Rafael Iván Suárez Rosero el derecho,
establecido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana, a ser
juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad.
Caso Tibi vs. Ecuador
Sentencia del 7 de septiembre de 2004
167. El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que: “Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
168. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apreciar
en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto
procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. La Corte se pronunció en
el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la
aprehensión del individuo. 7 Cuando no es aplicable esta medida, pero se
halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir
del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.
169. La aprehensión del señor Daniel Tibi ocurrió el 27 de septiembre de
1995. Por lo tanto, se debe apreciar el plazo a partir de ese momento.
Asimismo, este Tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad
del plazo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye
cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se
agota la jurisdicción, y que, particularmente en materia penal, dicho
plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos
de instancia que pudieran eventualmente presentarse. 8
176. Al respecto, la Corte considera que el alegato del Estado en el sentido de
que las autoridades judiciales habían “actuado ágilmente aun a despecho
de la complejidad y las características del asunto materia de la investiga-
7 ver caso Suárez Rosero, supra nota 145, párr. 70; corte europea de derechos humanos, caso
Hennig vs. Austria, n° 41444/98, párr. 32, y corte europea de derechos humanos, caso Reinhardt y
Slimane-Kaid vs. Francia, 23043/93, párr. 93.
8 ver caso Suárez Rosero, supra nota 145, párr. 71.
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