Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

humana”. 10 En casos que esta Corte ha conocido en los que el Estado
ha utilizado la fuerza para mantener el orden dentro de centros penales
cuando se presenta un amotinamiento, cosa que no sucedió en el
presente caso, el Tribunal ha analizado si existían elementos suficientes
para justificar la magnitud de la fuerza utilizada. 11
241. Sin embargo, tal como fue establecido (supra párr. 215), al momento
en que el Estado inició el “operativo” los internos no se encontraban
amotinados y no se ha probado que existiera ninguna causal que ameritara
el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales en ese primer
acto del ataque. La resistencia que opusieron los internos se presentó
después del ataque, como reacción normal a la ofensiva de las fuerzas
de seguridad, por un instinto natural de defensa de la vida e integridad
física.
242. Durante los cuatro días que duró el llamado Operativo Mudanza 1 los
internos de los pabellones 1A y 4B vieron constantemente amenazadas
sus vidas por la intensidad del ataque, que implicó el uso de armas de
guerra y la participación de agentes de la policía, del ejército y de fuerzas
especiales, y por la magnitud de los daños que producía (supra párr.
197.18 a 197.38). Según la prueba aportada al expediente, los internos
pasaron esos cuatro días buscando formas de sobrevivir ante las múltiples
y constantes acciones estatales que les podían producir la muerte.
243. Asimismo, de acuerdo a los hechos expuestos, perdieron la vida 41
personas identificadas. Del análisis de los certificados de necropsia de
los cadáveres surge que la mayoría de las víctimas presentaban de 3 a
12 heridas de bala en la cabeza y el tórax (supra párr. 197.39). De igual
manera, de los exámenes físicos realizados por el perito José Quiroga,
que describe las heridas de 13 de los sobrevivientes, surge que por lo
menos cuatro presentan heridas de arma de fuego en partes del cuerpo
donde se presume que la consecuencia del disparo sería la muerte,
como son la cabeza, el cuello y el tórax. Por estas razones, entre otras, se
puede concluir que los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad
10 ver caso Bulacio, sentencia del 18 de septiembre de 2003, serie c n° 100, párr. 124; caso
Juan Humberto Sánchez, sentencia del 7 de junio de 2003, serie c n° 99, párr. 86; caso Centro
penitenciario regional Capital Yare I y II, medidas provisionales, supra nota 125, considerando
décimo; caso Internado judicial de Monagas (La Pica), medidas provisionales, supra nota 125,
considerando decimoséptimo, y caso Cárcel de Urso Branco, medidas provisionales, resolución de
la corte interamericana de derechos humanos del 22 de abril de 2004, considerando décimo.
11 ver caso Carachazo, reparaciones, supra nota 137, párr. 127; caso Durand y Ugarte, sentencia del 16
de agosto de 2000, serie c n° 68, párr. 68, y caso Neira Alegría y otros, supra nota 136, párr. 74.
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