Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

de humillación e inferioridad.
99. En el presente caso, ciertos internos del retén del Catia no sólo tenían
que excretar en presencia de sus compañeros, sino que tenían que vivir
entre excrementos, y hasta alimentarse en esas circunstancias. La Corte
considera que ese tipo de condiciones carcelarias son completamente
inaceptables, constituyen un desprecio a la dignidad humana, un trato
cruel, inhumano y degradante, un severo riesgo para la salud y la vida, y
una rotunda violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.
100. Ni la Comisión Interamericana ni los representantes indicaron que
las víctimas individualizadas en el presente caso estuvieron detenidas
en las celdas a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. No
obstante, la Corte entiende de los testimonios presentados ante sí que
las condiciones sanitarias de los pisos superiores del retén de Catia, si
bien no llegaban a tal extremo, tampoco eran compatibles con los estándares
mínimos de un trato digno. Tanto así que el propio Estado señaló
que el retén de Catia “representó para Venezuela por muchas décadas
esa idea del mal, donde todo era posible, aquel lugar lúgubre donde la
sociedad purga su miseria”, y todos “los que allí padecieron y lograron
salir airosos (…) son unos supervivientes”. 9
Atención médica
101. Entre los hechos aceptados por el Estado se cuenta que los servicios
de asistencia médica a los cuales tenían acceso los internos del retén
de Catia no cumplían los estándares mínimos. Varios de los internos
heridos a consecuencia de los sucesos ocurridos entre el 27 y el 29 de
noviembre de 1992 permanecieron sin atención médica y medicación
adecuadas. Asimismo, los internos enfermos no eran debidamente tratados.
102. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada
no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno
conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de
la Convención Americana. 10 El Estado tiene el deber de proporcionar a
los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados
cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar
9 Alegatos finales orales del Estado, audiencia pública del 4 de abril de 2006.
10 ver caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, supra nota 144, párr. 226.
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