Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

tras la excarcelación.
95. Las instituciones penitenciarias deberían mantener bibliotecas bien financiadas
y accesibles, dotadas de una gama suficiente y apropiada de
recursos y tecnología y disponibles a todas las categorías de presos.
96. Se debería proporcionar a los profesores de los establecimientos penitenciarios
capacitación oficial y oportunidades de perfeccionamiento
profesional continuo, así como un entorno de trabajo seguro y el debido
reconocimiento en cuanto a condiciones de trabajo y remuneración.
97. La evaluación y la supervisión de todos los programas de educación en
prisión deberían pasar a ser la norma y estar a cargo de los ministerios
de educación. El Relator Especial alienta a los Estados a que investiguen
las prácticas vigentes en sus establecimientos penitenciarios, las reconozcan
y adopten rápidamente las medidas que sean necesarias a ese
respecto.
98. Los programas de educación para los reclusos deberían basarse en investigaciones
actuales, pluridisciplinarias y detalladas. A tal fin, la comunidad
internacional debería establecer mecanismos de cooperación
e intercambio entre los Estados que les permitan compartir los conocimientos
resultantes, así como los ejemplos de prácticas óptimas y de
su aplicación.
99. La diversidad de antecedentes y necesidades de los reclusos y la manera
en que ello se refleja en los programas y los planes de estudio ofrecidos
constituyen otro ámbito en que los intercambios de información, prácticas
óptimas y experiencia generarían considerables dividendos, por lo
que se recomiendan muy particularmente.
100. Asimismo, debería fomentarse la elaboración y el suministro de material
didáctico adecuado con la participación necesaria y activa de todos
los reclusos y, más concretamente, de los grupos marginados.
101. Además, el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones
específicas con respecto a los niños y las mujeres en prisión y otros
grupos marginados:
a) Se debe velar particularmente por garantizar que todos los niños en
edad de escolaridad obligatoria puedan acceder a la educación y participar
en ella.
b) Los planes de estudio y las prácticas docentes en los establecimientos
penitenciarios deben tener en cuenta las diferencias de género a fin de
hacer efectivo el derecho de las mujeres y las niñas a la educación.
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