Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

porque el proceso se encuentra en pleno desarrollo y en parte porque la
gestión penitenciaria recién comienza un proceso de apertura hacia la
comunidad. Ejemplo de lo primero es que sólo en 2008 la propia Organización
de los Estados Americanos aprobó, en su Resolución 1/08,
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas.
De esta forma, no existe en Chile ni en el contexto regional un documento
que reúna las principales normas, sentencias y buenas prácticas
internacionales sobre aspectos clave del funcionamiento penitenciario.
Por ello esta Guía persigue reunir en un solo documento los estándares
básicos en materia de condiciones de vida, trato y rehabilitación en los
centros privativos de libertad. Creemos que el conocimiento y la entrega
sistematizada de estos instrumentos a los operadores del sistema permitirá
desarrollar una mejor política penitenciaria, que podrá contar
con un marco claro y en armonía con la normativa internacional de los
derechos humanos.
Esta Guía es un trabajo inédito en nuestro país, que favorecerá a
las más de 50.000 personas privadas de libertad en Chile, así como
a los numerosos profesionales, agencias u órganos autorizados para
monitorear, defender, custodiar y ejecutar políticas públicas en materia
de cárceles. Incluso puede servir de base y experiencia para otros
países latinoamericanos, que podrán utilizarla e implementarla en sus
jurisdicciones. Podrán valerse de ella los funcionarios penitenciarios,
para efectuar controles de calidad internos; los jueces, para conocer los
estándares internacionales desarrollados en la materia; los defensores
penales que denuncian judicialmente los abusos cometidos en las prisiones,
y las propias autoridades estatales que buscan hacer coincidir
sus políticas con las exigencias internacionales básicas en este ámbito.
La Guía se compone de cinco capítulos. El primero aborda los principios
que rigen la relación entre el privado de libertad y el Estado, que
conlleva para este último una serie de obligaciones. El segundo trata de
las prohibiciones en torno a la tortura y los malos tratos, y entre otros
aspectos hace hincapié en la triple dimensión del concepto de maltrato
desarrollada primero por la Corte Europea de Derechos Humanos y
luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el tercer capítulo se revisan los principales principios y garantías
en la aplicación de sanciones administrativas a los privados de libertad.
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