Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

346. En el presente caso, la Corte considera que por los hechos declarados
como violatorios del derecho a la integridad personal surgió para
el Estado la obligación de investigar las afectaciones del mismo, la
cual deriva del artículo 1.1 de la Convención Americana en conjunto
con el referido derecho sustantivo protegido en el artículo 5 de la
misma, aplicando las referidas disposiciones de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso, ya que especifican
y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto
al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención
Americana.
347. En definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal
imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse
o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna
índole. 19 Como ya ha señalado este Tribunal, en casos de vulneraciones
graves a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de
evitar la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que
se evite su impunidad 20 y se satisfaga el derecho de las víctimas y la
sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo
sucedido. 21 La obligación de investigar constituye un medio para garantizar
tales derechos; y su incumplimiento acarrea la responsabilidad
internacional del Estado. 22
Caso Godínez Cruz vs. Honduras
Sentencia del 20 de enero de 1989
162. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber
de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda
sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por gra-
19 ver caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 81; caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra
nota 128, párr. 141, y caso Masacres de Ituango, supra nota 7, párr. 402.
20 ver caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 81; caso Goiburú y otros, supra nota 5, párr. 165, y caso
Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra nota 128, párr. 137.
21 ver caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 81; caso Montero Aranguren y otros (retén de Catia), supra
nota 128, párr. 139, y caso Masacres de Ituango, supra nota 7, párr. 289.
22 ver caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 81.
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