Derechos fundamentales de los privados de libertad (Archivo Pdf)

ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 5,
contempla que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”. En la misma dirección, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
art. 2, N° 1, sostiene que “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas,
administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir
los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”, y
la Convención de los Derechos del Niño, art. 37 a), ordena que “ningún
niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes”.
Otras normas internacionales más específicas, como los Principios
y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad
en las Américas, son igualmente claras. Así, el Principio I, relativo
al trato humano, en su tercer párrafo establece que “[a los reclusos] se
les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución,
desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada
o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular
la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona”.
Bajo esta misma lógica, la Convención Americana de Derechos Humanos
(art. 5, n° 2) y la Convención Europea de Derechos Humanos (art.
3) declaran que: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Debido proceso
El debido proceso es un derecho exigible ante cualquier órgano o autoridad
estatal. La aplicación de las garantías del art. 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y del art. 40, n° 2, letra b de
la Convención de los Derechos del Niño y de los demás estándares internacionales
no sólo se le debe exigir a las diferentes instancias que
integran el Poder Judicial, sino que todo órgano que ejerza funciones de
carácter materialmente jurisdiccional debe respetarlas. Lo anterior vale
especialmente para las sanciones disciplinarias, que deben imponerse
respetando las garantías mínimas del debido proceso.
El debido proceso es un derecho que en el caso de los adolescentes se
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