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El papel de la legislación en la promoción
de la educación infantil: poder y límites
Existe una justificada euforia entre los dirigentes y técnicos, profesores y
familias respecto a la legislación educativa en materia de educación infantil.
La redemocratización de los países del Mercosur vino acompañada de la
revisión o elaboración de nuevas Cartas Constitucionales, con una destacada
participación social, lo que trajo consigo destacados avances:
a) en la definición de los derechos humanos;
b) en el reconocimiento del niño como ciudadano y sujeto de derechos
propios de su edad y asociados a las características de su desarrollo;
c) en la atribución clara del deber del Estado en cuanto a garantizar los
derechos del niño.
A los nuevos dispositivos constitucionales le siguieron estatutos de derechos
del niño y del adolescente y leyes orgánicas de educación y, posteriormente,
directrices político-pedagógicas para orientar una aplicación apropiada de las
determinaciones legales.
Sin embargo, la satisfacción con el marco legal avanzado sufre un impacto
negativo ante el precario nivel de cumplimiento del derecho de todos los
niños a la educación infantil de calidad y del deber del Estado de garantizarla.
La realidad ha de acompañar el marco legal, pero clama por una mayor y
urgente aproximación. El ideal estampado en el conjunto de derechos del
niño, del deber de la familia, de la sociedad y del Estado y formulado en las
políticas públicas de educación (infantil) está lejos de lo que se observa en el
«patio de la escuela».
Más aún, la desigualdad en la oferta y en el acceso a la educación infantil
—ya sea entre regiones del país, entre familias con distintos niveles de renta o
entre etnias y colores de piel— pone de manifiesto que las leyes por sí solas no
bastan, que su valor universal está maniatado por condicionantes históricos
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