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legales vigentes, además de planes y programas gubernamentales. En general,
las leyes son sintéticas y genéricas, y compete a los órganos normativos de
los sistemas educativos especificarlas, detallarlas y darles una orientación
operativa. Y es aquí donde, a menudo, se concentra la esencia de la pedagogía.
Otra limitación reside en las diferentes formas de Estado de los miembros
del Mercosur. Brasil, Argentina y Venezuela son estados federales; Uruguay
y Paraguay, estados unitarios 3 . En estos últimos, el gobierno central tiene
un papel soberano y sus determinaciones se extienden, como normas
suficientes y uniformes, a todo el territorio 4 . Los departamentos y distritos
—o la denominación que adopten en cada caso— no tienen autonomía
para elaborar leyes o disponer una forma propia de organización de los
servicios públicos. Por ello, la legislación debe ofrecerse de forma completa
desde el gobierno central, que es el responsable de garantizar los medios
para su pleno cumplimiento. Estos vienen incentivando, paulatinamente,
la implicación de los departamentos en la ejecución de la política nacional,
que se define como colaboración y participación, aunque sin atribuirles
la responsabilidad legal o jurídica que tienen los entes autónomos de una
república federal 5 .
Los otros tres —Argentina, Brasil y Venezuela— tienen una organización
administrativa y política descentralizada, con reparto de competencias entre
el gobierno federal y los gobiernos de los demás entes federales (provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso de la Argentina; estados,
Distrito Federal y municipios, en el caso de Brasil; estados, Distrito Capital,
3. El art. 1.º de la Constitución de la República del Paraguay indica que Paraguay es un Estado social de derecho,
unitario.
4. La Constitución de la República Oriental del Uruguay dice en su artículo 1.º: «La República Oriental del
Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio». Y, en el
artículo 4.º, afirma: «La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el
derecho exclusivo de establecer sus leyes». En consonancia con la Constitución de la República del Paraguay,
los departamentos, municipios y distritos gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la
gestión de sus intereses, y la educación es competencia de la familia, del municipio y del Estado, y más: «La
creación y el funcionamiento de servicios de carácter nacional en la jurisdicción de los departamentos y de los
municipios serán autorizadas por ley» y «Podrán establecerse igualmente servicios departamentales, mediante
acuerdos entre los respectivos departamentos y municipios» (art. 158).
5. El artículo 262 de la Constitución de Uruguay establece: «Los Gobiernos Departamentales podrán acordar,
entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, la
organización y la prestación de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios
como en forma regional o interdepartamental».
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