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Evaluación
Argentina
El desarrollo e implementación de la política de información y
evaluación del sistema educativo argentino es responsabilidad del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, junto con el Consejo Federal de
Educación. Esa evaluación debe ser continua y periódica, destinada a la
toma de decisiones para la mejora de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, así como en su trasparencia y en la
participación social.
Los principios generales que rigen la información y evaluación de la educación
se aplican, también, con los debidos ajustes, a la educación infantil.
Por eso, se exponen a continuación, tal como figuran en la Ley de Educación
Nacional.
Según esa ley, la información y la evaluación se centra en: a) las variables
de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, abandono,
número de graduados, promoción, sobreedad, origen socioeconómico,
inversiones y costes; b) los procesos y resultados de aprendizaje; c) los
proyectos y programas educativos; d) la formación y las prácticas docentes;
e) los directores y supervisores; f) las unidades escolares o establecimientos
educativos; g) los contextos socioculturales del aprendizaje; y h) los propios
métodos de evaluación (art. 95).
La política de información y evaluación tiene su «sede» o fuente primera
en el Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participan del
desarrollo e implementación del sistema, verificando la concordancia con las
necesidades de su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa
y de la mejoría de la calidad. También deben apoyar y facilitar la autoevalua
ción de las unidades educativas con la participación de los docentes y otros
integrantes de la comunidad educativa (art. 96).
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