EL Sistema de Salud del Perú

impuestos va a financiar el sistema de salud. En el segundo caso, se requiere la
afiliación obligatoria de toda la población al seguro y el sistema es financiado
a partir de las contribuciones de los asalariados, empleadores, trabajadores
independientes y del Gobierno. Este último, en un esquema de cobertura
universal mediante un seguro social, se constituye en el encargado de financiar
total o parcialmente las contribuciones de aquellos grupos de la población que
no tienen capacidad contributiva (como los desempleados, trabajadores de
bajos ingresos y ocupados de la economía informal). La prestación de servicios
puede realizarse a través de la propia red del seguro o por medio de proveedores
públicos o privados. Asimismo, algunas funciones del seguro social (como la
recaudación de contribuciones, la contratación y el pago a proveedores) pueden
quedar en manos de agencias gubernamentales. En general, lo que se observa es
una combinación de financiamiento a través de impuestos y a través del seguro
social. Aunque también ocurre que, en muchos casos, el sector privado adquiere
un papel suplementario relevante (ya sea proveyendo servicios no cubiertos por
el seguro de salud, reduciendo tiempos de espera o cubriendo copagos) (Carrin
y James, 2005).
La fuente de financiamiento se vuelve menos relevante en relación con las
políticas desarrolladas para administrar los sistemas de prepago. En este
sentido, la experiencia internacional revela tres grandes lecciones a tener en
cuenta (OMS, 2010).
En primer lugar, cuando se avanza hacia la extensión de la cobertura, se debe
tener en cuenta que una parte de la población es demasiado pobre para
contribuir a través de impuestos sobre la renta o de primas de seguro. Por lo tanto,
será necesario subvencionar esta carencia mediante fondos mancomunados
(generalmente, con rentas públicas). Esta ayuda puede brindarse bajo la forma
de acceso directo a los servicios financiados por el Gobierno o mediante
subvenciones en las primas de los seguros. De este modo, se observa que sea
cual fuere el sistema de financiamiento que se adopte siempre se necesitarán
algunos ingresos de la administración pública para garantizar que las personas
que no están en condiciones de pagar las contribuciones puedan acceder
igualmente a los servicios sanitarios (OMS, 2010; OMS, 2005).
En tercer lugar, se deberá contar con que los fondos mancomunados que
protegen las necesidades sanitarias de una pequeña cantidad de personas
no son viables en el largo plazo, debido a que unos pocos episodios de
enfermedades caras acabarían con ellos (OMS, 2005). Además, la existencia
de múltiples fondos mancomunados, donde cada uno cuenta con su propio
sistema de administración e información, tampoco resulta eficiente y, por el
contrario, puede llegar a generar dificultades en la consecución de la equidad.
Por lo general, en los sistemas de fondos mancomunados que se desarrollan
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