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Justa distribución del sufragio como poder
sentación y aun hoy las mantiene, pues hay senadores provinciales y de
designación autonómica. Además, en el Senado, en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas, participan miembros que no son senadores;
luego se deja un amplio margen imaginativo para nuevas formas de
acceso a esta Cámara.
Aduce, por último, el Sr. Roca que entre las múltiples Comisiones
específicas creadas en el Senado, pese a ser una Cámara de representación
territorial, no ha faltado una dedicada a los problemas de los españoles
residentes en el exterior, que se suma, en ciertos aspectos a la Comisión
permanente de Asuntos Iberoamericanos, que tampoco es ajena a temas
de emigración.
A pesar de los argumentos anteriores, que parecen conducir a una
conclusión favorable a la representación de los emigrados en el Senado,
no es ésta la que extrae el político catalán. Según él, como el consenso
inicial sobre la composición del Senado tiende a vincularlo a las Comunidades
Autónomas, las elecciones para constituirlo habrán de acordarse
a los Estatutos de Autonomía o a las Leyes Electorales propias. No se elegirían
los senadores a la vez, sino en las correspondientes legislaturas autonómicas.
En consecuencia, sería muy difícil establecer una circunscripción
específica para votar los emigrantes, ya que habrían de hacerlo al
celebrarse las Elecciones Autonómicas, cuyas fechas no pueden coincidir,
al ser posible la disolución anticipada de sus Parlamentos.
Concluye el Sr. Roca sosteniendo que si prospera la tendencia actual
de elegir senadores en cada Comunidad Autónoma, tendrá que ser en
éstas, una por una, donde habría que decidir el modo de representar a los
residentes fuera de España. Pero ¿justifica el censo electoral de emigrantes
la creación de una circunscripción propia para ellos? Según los datos
de la Oficina del Censo Electoral, sólo estaría justificada en Galicia,
donde los expatriados alcanzan porcentajes importantes. Aunque “podría
arbitrarse la posibilidad de establecer una circunscripción propia” en
aquellas Comunidades Autónomas “donde los emigrantes tuvieran una
implantación significativa”.
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