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Justa distribución del sufragio como poder
Y probablemente sería mejor y brindaría mayor seguridad si lo fuera. Como
Derecho “vivido” estaría de tal modo formando parte de la organización política
que nadie ignoraría sus preceptos y vería en ella la expresión del más
amplio acuerdo colectivo sobre la distribución y limitaciones del poder.
La ley electoral, en cambio, debe ser meticulosamente previsora, y
aunque no deba pecar de casuísmo exagerado ni de excesiva complicación
y prolijidad (como le ocurre, en parte, a la nuestra), es preferible,
para evitar disensiones exegéticas, incertidumbres o lagunas que produzcan
atascos o demoras irreparables en los trámites del sufragio, que todo
el proceso se fije por escrito y ninguna de sus fases pueda quedar abandonada
al azar.
No es cosa de formular ahora un juicio crítico sobre los aspectos procedimentales
de la ley vigente. Pero no parece justo prescindir por completo
de los principios básicos que deben inspirarla.
Lo primero que urge dilucidar es qué debe haber tras ella: a qué fin
habrá de enderezarse. ¿Qué se pretende con una Ley Electoral?
Como en cualquier institución jurídica, cabe distinguir su objeto, de
sus fines teóricos, que pueden ser subjetivos o institucionales. El objeto es
el resultado que produce la ley al ponerla en práctica. Los fines subjetivos
son los que persiguen los legisladores mediante ella. En cambio, el fin institucional
es el objeto ideal que se conseguiría si respondiera al valor o
valores que deben inspirarla (63) .
Todas las leyes electorales han respondido siempre a las segundas intenciones
de sus autores. Y una cosa es lo que tratan de aparentar y otra muy distinta
lo que pretenden realizar de veras. E incluso las leyes que, como la española,
son fruto de un amplio consenso entre partidos, no rinden culto a un
fin metapartidista, sino que procuran la consagración del sistema heterocrá-
63) Vid. sobre esto Lois: El Derecho como Ciencia exacta, Vigo 1965.
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