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José Lois Estévez
Para regular el sufragio, la CE trata de conciliar dos principios que no
tienen, en realidad, nada que ver entre sí: un principio personalista y un
principio territorial.
El principio personalista presupone simplemente que cada número
N de personas tienen derecho a elegir una que -según se dice- las represente.
Lo que no está claro es qué significa en este contexto *representar*
y en qué y para qué seremos representados nosotros. ¿En los intereses?
¿En las ideas? ¿En la voluntad política? (55) . No parece fácil que
cienmil o más personas compartan unas mismas ideas o intereses y
mucho menos una voluntad política, que ni siquiera se sabe muy bien en
qué consistirá.
Si suponemos cierta “homogeneidad” socio-cultural cabe esperar,
como algo común, que, así como entre un cierto número de personas compartirán
algunas el cumpleaños, también, por simple consecuencia estadística,
habrá de producirse entre muchas esa estratificación de actitudes
y opiniones que da lugar a los “partidos políticos”, aunque la realidad
demuestre que dentro de cada partido convivan creencias muy dispares.
Lo que cuenta en verdad más a menudo, es la confianza que merecen
al público algunos caudillos, por la cual se les otorgan verdaderos “cheques
en blanco” para actuar según su criterio. A veces, la gente se deja ganar
por la convicción imaginaria en que desde el poder tiene que hacerse una
55)Hegel decía que si se consideraba a los diputados representantes, no lo serían de individuos ni
de multitudes, sino de la esfera social en que se integraban; es decir, de los intereses globales de
la misma. (Filosofía del Derecho, cit. & 311). Con mayor precisión, A. d’ Ors habla de una
representación de intereses o de una voluntad mayoritaria (Op. cit. 231). Según Valles y Bosch
(Op. cit. 117): “...La adopción o la reforma de un sistema electoral no es fruto de una decisión
técnica basada en sus cualidades teóricas. Es el resultado de la confluencia de consideraciones
de principio con las presiones de diferentes fuerzas para asegurar o mejorar su respectiva posición
política”. Si la ley electoral fuera encomendada a una comisión de expertos, podrían prevalecer
los principios; atribuída a un parlamento de partidos, habrán de prevalecer los intereses
hegemónicos.