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José Lois Estévez
Por otra parte, ¿por qué ha de crearse artificialmente la necesidad de que
voten a los partidos quienes discrepan o mantienen reservas a su ideología o
no confían en los candidatos que su camarilla dirigente presenta sin previa
consulta a la base? Si a cada partido se le reconociera únicamente el número
de votos que de verdad le dan apoyo, es decir, el de sus afiliados e incondicionales,
la representación política dejaría de ser la escandalosa ficción que
asfixia nuestra democracia y podríamos estrenar nuevos rumbos, más racionales,
con listas metapartidistas y número mayor que el de candidatos.
Refiriéndonos concretamente a España, ¿por qué, si ningún partido
satisface mínimamente a la inmensa mayoría de los españoles, como lo prueba
el hecho de no existir ninguno con afiliación que linde siquiera con el uno
por ciento del cuerpo electoral, no ha de poder cada elector confeccionar
libremente su propia lista de representantes sin escribir al dictado heterocrático?
Si cada partido, como es usual, selecciona su equipo de gobierno entre
sus propios hombres, ¿no equivale semejante exclusiva a reducir a la condición
de *parias*; es decir, de no-ciudadanos, al 99 % de los electores? (49) .
como señala con acierto Ruiz del Castillo (Manual de Derecho Político, Madrid, 1939, 207):
“La Sociedad se transforma en Estado -y el Estado se forma, en consecuencia- mediante la representación.
Cualquiera que sea el criterio doctrinal de que se parta, se obtendrá el resultado -cualquiera
que sea también el nombre con que se lo designe- de que el Estado es un orden representativo”.
El fallo, pues, radical e inevitable, en los mecanismos representativos, convierte, así,
al Estado que quiere pasar como *democrático*, en un “dispositivo de cohonestación del poder”
que ha preusurpado la *clase política*. Para que se vea hasta qué punto es apodíctico el sofisma
en la teoría de la representación, basta pensar en cómo el resultado, querido de antemano, determina
la (supuesta) fundamentación racional que, según se pretende, lo justifica. Decía Hegel
que era producto de una abstracción el afirmar que todos deben participar en la discusión y resolución
de los asuntos generales del Estado, por ser miembros del mismo. Para él, la pertenencia
al Estado no tenía lugar directamente, sino a través de la corporación o comunidad en la que el
individuo se integraba. Y era absurdo pensar que todos entienden de los problemas estatales. Lo
que el individuo podía hacer era conformar, a su medida, la opinión pública. (Filosofía del
Derecho, & 311). (He tenido a la vista, junto con la edición alemana, las traducciones de Angélica
Mendoza -de la edición italiana de Croce y Gentile- (Buenos Aires, 1937) y la de Juan Luis
Vermal, Barcelona, 1988.
49) “El rasgo eminentemente distintivo del verdadero ciudadano -escribía Aristóteles- es el goce
de las funciones de juez y de magistrado” (Política, cit. -ed. de Azcárate- 85). Es decir, quien
queda excluído a-priori del acceso a los cargos públicos no tiene de ciudadano más que ese nombre,
convertido en un eufemismo destinado a desarmar sus iras.