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8. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS
EXPATRIADOS
Justa distribución del sufragio como poder
El art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice
lo siguiente:
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público:
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por
voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad
del voto.”
El derecho a la participación política, directa o a través de personas
libremente escogidas, no puede interpretarse de tal modo que, difuminándolo,
permita su fácil vulneración. El voto directo, depositado en
una urna y controlado por interventores de los propios partidos o agrupaciones
ofrece garantías a los votantes. El voto por correspondencia
no reporta comparable fiabilidad. En principio, el secreto de la correspondencia
está protegido por la mismísima Constitución; en la práctica,
su inviolabilidad queda pendiente tanto del azar como de la buena
voluntad de más de un funcionario responsable. El avión que trasporta
el correo puede sufrir un accidente; los votos pueden perderse; substituirse
por otros; llegar con retraso... Pero el elector tiene derecho no
sólo a participar en el sufragio, sino a estar seguro de que será efectivamente
computado el suyo; y con el mismo valor que otro cualquiera.
Y he ahí el punto vulnerable de un sufragio que, por emitirse en
algún pais extranjero, deja sus resultados a merced de un envío por
correspondencia. Con lo cual se ofrece a los electores como algo tan leja-
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