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José Lois Estévez
cuenta de que el número total de diputados en cada circunscripción,
amén de una representación mínima inicial, habrá de ser proporcional a
la población.
La fórmula no es precisamente la más justa. El número de provincias
por Comunidad Autónoma es bastante dispar y, en consecuencia, el de
diputados correspondiente no se repartirá con justicia, sino que sufrirá una
distorsión poco admisible, debida únicamente a nuestra secular, y, en
parte, anacrónica división administrativa. Y ni el posterior intento
corrector, repartiendo los restantes diputados en proporción a la población
provincial, permite subsanar plenamente la desigualdad originada
por el procedimiento acogido.
Veámoslo, por aplicación del art. 162 LOREG. Corresponden inicialmente
dos diputados por provincia, más sendos otros para Ceuta y
Melilla. Tenemos así 102 diputados, repartidos en razón de las circunscripciones.
Los restantes 248 se distribuirán entre las provincias, según las
reglas consignadas en la pág. 62.
Para determinar si difieren y cuánto los cálculos preconizados por el
legislador respecto a la fórmula justa de distribución, conviene hacer algunas
comprobaciones. Las fórmulas a que recurre la ley son las siguientes:
Siendo X la población de derecho de todas las provincias peninsulares
e insulares sumada, la divide por 248; es decir, por el resto de
un reparto inicial igualitario a dos por provincia, con la excepción de
Ceuta y Melilla, con uno cada una. Tenemos, pues, Z = X/248, como
cuota de reparto.
Entonces, por ser P p la población provincial de derecho, el entero
E = P p /Z, nos dará el número de diputados por provincia.
Restan todavía diputados y fracciones, al prescindir de las mismas
en la división anterior, cuando todos deben ser adjudicados. Llamando
R al número de diputados aún sobrantes, lo que se ordena es clasificar
las provincias según la magnitud de sus restos; es decir, P 1 >