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Justa distribución del sufragio como poder
Como las resoluciones de los Tribunales superiores vinculan a los
inferiores, el error de los primeros tiende a contagiar a los segundos. Y, a
veces, lo antijurídico llega, estadísticamente, a pasar por Derecho.
Pese a esta hipertrofia funcional, que el Derecho continental europeo
vé con malos ojos, el poder político de los jueces sale a escena en muy
contadas ocasiones; pero acaso les resulte posible, durante un tiempo,
alzarse con la supremacía (24) . Claro que a un Ejecutivo enérgico le cabe
24) Así ocurrió temprano en los EE. UU., donde el poder judicial se sobrepuso momentáneamente
a los otros dos. La ocasión se la proporcionó al Juez Marshall el caso Marbury versus Madison.
Ruiz del Castillo (Manuel de Derecho Político, Madrid, 1939, 701 ss.) nos resume el caso con
estas palabras: “Entre Noviembre de 1800 y Marzo de 1801, o sea, entre la fecha en que los republicanos
obtuvieron la victoria en las elecciones presidenciales y la fecha en que, según los plazos
establecidos, comenzó a funcionar la nueva Administración, los federalistas, a modo de testamento,
procedieron a crear un Poder judicial adicto. Elemento esencial fué John Marshall,
uno de los mejores Jueces de Virginia, elevado en la coyuntura a la Presidencia del Tribunal
Supremo, en la que permaneció 35 años. Un asunto de poca importancia aparente ofreció a
Marshall la ocasión de afirmar la prerrogativa del Tribunal frente al Ejecutivo y frente al mismo
Poder legislativo. Esta prerrogativa amparaba, además, los derechos de interpretación de la Judicatura
federal y robustecía así los Poderes centrales frente a los locales. Este era el principio inspirador
de la política federalista, en oposición a la de los republicanos. La historia del asunto es,
en síntesis, la siguiente: Al llegar el momento de transmitir sus poderes a Jefferson (el nuevo Presidente),
Adans (el Presidente que cesaba) había nombrado 42 Jueces de paz. Pero, en la precipitación
de la última hora, algunos nombramientos quedaron en el despacho, y fueron destruidos
en gran parte por el nuevo Ministro Madison. Reclamó uno de los nombrados -William
Marbury-, y Marshall aprovechó la ocasión para afirmar el principio que le interesaba. Supuesta
la violación de los derechos de Marbury, había que decidir si los Tribunales de justicia (obligados
a reparar semejante violación si la produjera un particular) eran competentes para repararla
cuando emanaba del Ejecutivo. Madison entendía que no, fundándose en la doctrina de la
división de Poderes. Pero Marshall distinguió entre el poder discrecional, de naturaleza política,
del Ejecutivo, y los actos administrativos con ocasión de cuya realización se violan los derechos
individuales. Estos actos entran en la esfera de competencia de los Tribunales ordinarios, en
defecto de los administrativos, que no existen en los EE. UU. ni en la tradición anglosajona. En
vez de limitarse al caso concreto, antes soslayándolo, Marshall recordó que, según la Constitución,
el Supremo no era un Tribunal de primera instancia, sino un Tribunal de Apelación, y que
no le correspondía, por lo tanto, dirigir un “Writ de Mandamus” en asunto en que conocía en
primera instancia. De esta suerte la ley de 1789, que autorizaba tal criterio, aparecía en litigio.
Al renunciar Marshal (que convenció a sus colegas) a ejercer el “control” autorizado por la ley,
recababa, al considerarla inconstitucional, el poder de situarse en la plataforma de la Constitución,
atacando desde ella la ley odinaria...
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