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José Lois Estévez
9. LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL SUFRAGIO
La Constitución es naturalmente, pese a su escaso valor informativo
(54) , la fuente a que hay que acudir para determinar si un procedimiento
electoral es, o no, válido.
En concreto, sus preceptos sobre el tema son: El art. 68, 1, que regula
la composición del Congreso y la forma de la elección -por sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto-; el art. 68, 2 al precisar que la provincia
es la circunscripción electoral. Pero, añadiendo a continuación que
“las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una por un
diputado”. Y todavía prosigue diciendo: “La ley distribuirá el número total
de Diputados (mínimo 300, máximo 400), asignando una representación
mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción
a la población”.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios
de representación proporcional.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno
uso de sus derechos políticos.
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de
sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”.
54) La CE consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y
otra final. Además, la mayoría, 121, contienen parágrafos numerados, que podrían tomarse
como otros tantos artículos, y sólo 48 cuentan como unidad. 89 se remiten a futuras leyes o reglamentos
y, por tanto, su valor informativo es prácticamente nulo, a punto de que podrían haberse
suprimido sin efecto negativo alguno -y algunos, con gran ventaja. Para colmo, la interpretación
de los diferentes artículos depende de lo que resuelva ex post facto el Tribunal
Cons titucional, el solo intérprete oficial de los mismos, que al estar com-puesto únicamente por
doce miembros y no pudiendo desempeñar con mínima eficacia sus atribuciones teóricas, ha
convertido los derechos (llamados) fundamentales en menos que débiles expectativas del imprevisible
pronunciamiento de algún letrado, que el Tribunal, con apenas audiencia, ratificará.