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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CAPÍTULO 1 / 1810-1860 LA INDEPENDENCIA Y LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
RAÚL O. FRADKIN - Sociedad y militarización revolucionaria. Buenos Aires y el Litoral rioplatense en la primera
mitad del siglo XIX
diferencia de Buenos Aires, contaban con las milicias auxiliares que suministraban los pueblos misioneros y las
parcialidades indígenas aliadas. Se recogía de este modo una antigua experiencia del Litoral rioplatense.
Las fricciones entre los insurgentes orientales y los jefes militares de Buenos Aires ilustran los conflictos
subyacentes. En 1812 Sarratea no sólo pretendía el desplazamiento de Artigas y la subordinación de sus oficiales
sino también transformar a esas milicias en cuerpos veteranos y que los Blandengues se convirtieran en un regimiento
de infantería de línea.
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19 Sarratea al jefe del Estado Mayor, Arroyo de la China, 3 de septiembre de 1812, en Archivo Artigas, tomo X, p. 156.
20 Jefes del Ejército Oriental al gobierno, Barra del Ayuí, 27 de agosto de 1812, en Archivo Artigas, tomo IX, pp. 45-47.
21 Agustín Beraza, El pueblo reunido y armado, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1967
22 Raúl O. Fradkin, “¿‘Facinerosos’ contra ‘cajetillas’? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y las mon-
24 En este sentido resulta imprescindible la consulta de Hilda Sabato, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Buenos Aires, Siglo
toneras federales”, en Illes i Imperis, Nº 4, 2001, pp. 5-33.
XXI, 2008.
23 Un desarrollo más amplio de esta decisiva cuestión en Raúl O. Fradkin, “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense”, en
25 José C. Chiaramonte, Ciudades, Provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997.
Susana Bandieri (comp.), La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, Buenos Aires, Asociación
26 Carlos Cansanello, “Las milicias rurales bonaerenses entre 1820 y 1830”, en Cuadernos de Historia Regional, Nº19, 1998, pp. 7-51.
Argentina de Historia Económica/Prometeo Libros, en prensa.
27 Registro Nacional, Año de 1825, pp. 29-33.
19 Ello derivó en un conflicto mayor: para los jefes orientales Sarratea “hizo desparecer de
nra vista el carácter de auxiliadores, que apreciabamos en las tropas” 20 mientras que para Sarratea las fuerzas
auxiliares debían ser esas milicias orientales y aquellas que no se convirtieran en cuerpos veteranos debían transformarse
en milicias “disciplinadas”.
Lo que nos interesa subrayar es que esa resistencia no provenía sólo de los jefes orientales sino que
anidaba en los pueblos rurales y la ejercían tanto los que adherían al artiguismo como aquellos que obedecían al
gobierno de Buenos Aires. Además, esa resistencia tenía un corolario: esos pueblos invocaban su derecho a “elegir”
al comandante militar que los gobernaba tanto como sus jefes invocaban su derecho a elegir su comandante. Esta
concepción de “pueblo armado” se oponía a la imperante entre las autoridades directoriales del miliciano como
“soldado del Estado”. 21 Eran dos modos radicalmente distintos y opuestos de entender las relaciones entre milicianos
y jefes, entre milicias y veteranos y entre comunidades rurales y Ejército. ¿Cómo eran estas “elecciones”? Poco
sabemos al respecto pero las evidencias sugieren que se realizaban por “aclamación” y que recogían la tradición
de las milicias urbanas coloniales de “elegir” a sus comandantes. Sus consecuencias políticas eran ineludibles y
quizás ningún ejemplo lo exprese mejor que el reclamo que le hicieron al gobierno de Buenos Aires los milicianos
emigrados de Coronda que estaban afincados en San Pedro en 1822: no sólo se negaban a desalojar esas tierras
sino que lo hicieron reclamando su derecho a convertirse en un “pueblo”. 22
Este choque de concepciones ilumina sentidos más profundos de los discursos políticos. Para el Directorio
estas concepciones eran la expresión del “anarquismo” que veía encarnado en el artiguismo. Para el artiguismo,
las pretensiones del gobierno y el ejército directorial eran la expresión de un nuevo despotismo, el “despotismo
militar”. Sin embargo, no conviene situar estas disputas sólo en el plano de los discursos o de los conflictos entre
regiones. Por lo pronto, porque expresaban realidades materiales apremiantes: a medida que el reclutamiento y
el aprovisionamiento de las tropas se fue descargando con mayor intensidad sobre las áreas rurales la imposición
de auxilios, el reclutamiento compulsivo, la apropiación de caballadas y ganados, el saqueo de establecimientos
productivos y de poblados, el desplazamiento forzado de poblaciones, se convirtieron en parte inseparable de las
guerras en el Litoral. Eran, a un mismo tiempo, tácticas de combate, métodos de represalia y modos de mantener
a las tropas y satisfacer sus demandas. En tales condiciones, a las poblaciones rurales no les quedaban demasiadas
alternativas para evitar las depredaciones que producían los ejércitos y ellas aparecen recurrentemente
como un factor central que explica los cambios en el alineamiento político de esas poblaciones. En consecuencia,
este tipo de guerra implicaba para las poblaciones rurales desafíos y exigencias que amenazaban las bases materiales
de su orden social local justamente cuando el orden político se estaba desmoronando. Para estas poblaciones,
sometidas a crecientes dificultades de abastecimiento, al aumento de las cargas, contribuciones, auxilios y
obligaciones, a las incursiones de fuerzas beligerantes con su secuela de saqueos y desplazamientos forzados, la
guerra era la causa de tamañas dificultades pero también parece haber sido el único medio efectivo para que
unos preservaran sus bienes y otros –muchos más– aseguraran su misma subsistencia. Dicho de otro modo, si la
guerra amenazaba el orden social local, afrontarla decididamente terminaba siendo el único medio de preservarlo. 23
de pueblos, muchos de ellos con estatuto de villas, dotados de sus propios cabildos y sus milicias. Y tampoco lo fue
que se expresara intensamente en los pueblos misioneros que contaban con instancias de autogobierno y con sus
propias formaciones milicianas. En Buenos Aires, sólo Luján ostentaba esa condición y la subordinación de las milicias
al Ejército fue notablemente mayor.
De alguna manera, entonces, al Directorio se le reprodujeron los dilemas de la reforma borbónica y
mientras no lograba convertir a todas las milicias en “disciplinadas” veía cómo recuperaba vigor el modelo miliciano
más tradicional. Pero esa revitalización de una antigua tradición servía de canal para la diseminación de las nociones
más radicales y revolucionarias. No podemos dejar de anotar que posteriormente cada vez que entrara en colapso
una formación estatal volvería a replantearse la confrontación entre una concepción del Estado basada en la
autoridad del Ejército y otra que encontraba en las milicias su base de sustentación.
Ello suponía la imperiosa necesidad de preservar los márgenes de autonomía local y en este sentido
conviene advertir que estas tensiones atravesaban las relaciones entre gobierno, ejércitos y comunidades territoriales
en cada espacio. No parece ser casual que su intensidad fuera menor en Buenos Aires que en el espacio
Litoral porque aquí la estrategia de poblamiento de los Borbones había derivado en la formación de una miríada
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Después de la Revolución
El Directorio y el artiguismo se desintegraron durante la crisis de 1820 y de ella emergió un variopinto
proceso de formación de entidades estatales soberanas que adoptaron el nombre de provincias y que supuso la
reorganización de las fuerzas militares y milicianas. 25 Las improntas de las tradiciones coloniales y revolucionarias
signaron esas diversas reconstrucciones y explican en parte sus diferencias.
Por lo pronto, en algunas provincias –como en Buenos Aires– esa tarea se emprendió a partir de los
restos de los ejércitos directoriales y de las estructuras milicianas que les habían servido de fuerzas más o menos
subordinadas; en otras –como en Santa Fe o Entre Ríos pero también en el Estado Oriental– esas entidades estatales
emergieron de la confrontación con esos ejércitos y tuvieron como punto de apoyo a las milicias.
A partir de 1821 el nuevo Estado de Buenos Aires procedió a una completa reorganización institucional
que incluyó a sus fuerzas de línea y sus milicias. Las primeras fueron reducidas y reorientadas hacia la defensa de la
frontera con los indios, de modo que para 1823 el ejército regular contaba con unos 3.100 efectivos. Dos años más
tarde eran 3.800 y de ellos, unos 1.800 tenían destino en la frontera y pertenecían a los Regimientos de Húsares,
Blandengues y Coraceros. Nada expresaba mejor la combinación de tradición e innovación que estas denominaciones.
Pero las novedades eran notorias: la caballería rondaba el 50% de los efectivos veteranos –cuando antes no
había superado el 20%– y en su mayor parte estaba en la frontera.
Las milicias también fueron sustancialmente modificadas. 26 En la ciudad fueron disueltos los cuerpos
cívicos y sustituidos por una Legión Patricia de vecinos a la que más tarde se sumó un batallón de Pardos y
Morenos. Todas las fuerzas milicianas quedaron bajo el mando directo del gobierno provincial y tendió a diluirse
la distinción entre distintos tipos de milicias, se anuló el goce del fuero militar y cobraron mayor centralidad los
regimientos de caballería de campaña. De este modo, para 1826 la provincia contaba con un caballería miliciana
de 5.000 alistados y una infantería miliciana de 4.000. Como puede verse, los milicianos activos triplicaban prácticamente
a los veteranos. No sólo por razones financieras sino porque se pretendía imponer su completa subordinación
al ejército regular y para ello se dispuso que la milicia activa podía ser convocada para suplir la carencia
de efectivos del ejército permanente, cada unidad de infantería miliciana estaba dotada de un cuadro veterano
y que cada regimiento de caballería veterana tendría agregado un escuadrón miliciano. Lo que se estaba tratando
de construir era un tipo de relación entre fuerzas veteranas y milicianas que ni la reforma borbónica ni la dirigencia
revolucionaria había logrado imponer por completo.
Y esta pretensión se manifestó con claridad y puso en evidencia todas las tensiones que suponía cuando
esas fuerzas debieron servir de base a la formación de un Ejército Nacional para la guerra contra el Imperio del Brasil.
Primero se buscó que cada provincia pusiera a disposición sus fuerzas de línea y se dispuso que “serán admitidas
en el Ejército con los jefes y oficiales que les corresponda, siempre que estos cuerpos vengan en clase de tales”. 27
Se buscaba, así, conformar una fuerza de 7.620 plazas, un ejército mayor a cualquiera de los anteriores y aun así
en 1826 se intentó un reclutamiento adicional de 4.000 efectivos más. De este modo, ese ejército nacía como un