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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS CAPÍTULO 4 / 1930-1943 LA CRISIS DEL MODELO AGROEXPORTADOR Y LA RUPTURA INSTITUCIONAL
ANA VIRGINIA PERSELLO - ¿Qué representación? Elecciones, partidos e incorporación de los intereses en el Estado:
la Argentina en los años de 1930
al proceso de selección de candidaturas, espacio que la legislación electoral había dejado a las prácticas, y que
ahora se pensaba como factible de ser controlado para impedir el entronizamiento de los “peores”. El presidente
Justo, en 1933, elevó una iniciativa a diputados en la que se contemplaba el voto directo para candidatos a cargos
representativos y en el mismo año, José N. Matienzo, consecuente con su prédica anterior, propuso también en
su proyecto la selección directa por los afiliados incorporando la representación proporcional, según planteaba,
para evitar los cismas. En 1938, el presidente, Ortiz; el senador socialista Alfredo Palacios y el diputado radical
Arquímedes Soldano y en 1940 el legislador Santiago Fassi, insistieron en la misma cuestión. El anteproyecto de
Código Político de 1943 –que entre otras cuestiones excluía el voto de los analfabetos– pautaba un sistema de
elecciones primarias por voto directo de los afiliados para la selección de candidatos, con la sola excepción del
presidente y vicepresidente de la Nación, para cuya elección proponía el segundo grado, que comenzaba en la
“unidad básica” donde se elegían los candidatos a concejales y diputados provinciales y seguía en el distrito
–unión federativa de unidades básicas territorialmente delimitadas– para elegir candidatos a diputados nacionales,
electores de senador nacional y gobernadores. Las mujeres votaban en las internas pero no podían ser votadas.
La insistencia en la presentación de iniciativas legislativas que colocaran a los partidos como personas
de derecho jurídico, independientemente de que no se sancionaran, implica un reconocimiento, ya otorgado en
la práctica, de que eran los espacios donde parte del proceso electoral se sustanciaba. Dan cuenta de ello, otros
proyectos que intentaron reglamentar el sistema de lista. Si en la práctica los partidos presentaban listas de candidatos
éstas no eran obligatorias ni cerradas. La borratina y el desdoblamiento, en todo caso, no eran transgresiones
a la norma sino su concreción. Para saldarlo, en 1933, Melo, ministro del Interior de Justo, incluyó en un proyecto
al que nos referiremos más adelante, la eliminación del procedimiento de las borratinas estableciendo que la
designación de candidatos dentro de cada lista debía hacerse de acuerdo con el orden en que figurara en ella y
sin acumularle los votos de otra lista. En 1934, una iniciativa de la bancada radical antipersonalista entrerriana
establecía que debía respetarse el orden de preferencia que determinaran los partidos en la confección de las listas.
Es ilógico e injusto, sostenían, que se deje librada la elección de candidatos a factores ajenos al partido que los
proclama y hasta se llega al absurdo de que en un partido que obtenga minoría, la elección de los candidatos, la
pueda realizar el propio adversario. En 1941 el legislador concurrencista tucumano Fernando de Prat Gay insistió
192 en el mismo sentido al introducir en Diputados un proyecto para que se tuviera por no hecha cualquier modifi- 193
cación a las listas de candidatos fundamentado en la necesidad de prestigiar la vida de los partidos políticos. 8
La idea de reglamentar la selección de candidaturas se fundamentaba a partir de la necesidad de eliminar
el caudillismo para lograr que gobernaran los capaces. Esta cuestión volvió a ser planteada en relación al
universo de votantes. Una de las cuestiones que originó mayores debates en los años treinta fue la extensión del
cuerpo electoral. Si bien se planteaba la ampliación a partir de la incorporación del sufragio femenino, los proyectos
entrados en el Parlamento tendían a restringir el universo de electores a partir de ampliar las inhibiciones.
En julio de 1933 Manuel Fresco, Ramón Loyarte, Dionisio Schoo Lastra, Ernesto Aráoz y Pedro Groppo, todos ellos
miembros de la bancada concordancista, presentaron una iniciativa para modificar el art. 2° de la ley 8.871, título 3°,
incisos a) y d). Fresco la fundó en la doctrina de la calificación del elector (incorporada a la ley 8.871): 9
Judicial ocupó el centro del debate. El proyecto del gobierno involucraba a la Corte Suprema en las intervenciones
federales y le daba participación en el nombramiento de los magistrados. Las críticas más fuertes las esgrimió José
Nicolás Matienzo: se le otorgaban funciones políticas, lo cual era inconcebible y se creaba una “oligarquía” judicial.
Mientras el debate transcurría, el gobierno operaba sobre la administración para cumplir con el objetivo
prioritario que se había impuesto frente a la crisis económica: equilibrar el presupuesto y en ese sentido no
había originalidad, se trataba de restringir gastos y aumentar impuestos. Un amplio repertorio de medidas, de
las que no nos ocuparemos aquí, se orientó en ese doble objetivo de poner “orden” en la administración y achicar
los gastos del Estado: cesantías, rebajas de los sueldos del personal, refundición de oficinas e introducción de
nuevos gravámenes, a las transacciones y a los réditos. Y, paralelamente, comenzaron a diagramarse instancias
más o menos institucionalizadas de consulta y búsqueda de asesoramiento para dar respuesta a los problemas
que aparecían como más acuciantes. La función de los nuevos organismos era diagramar políticas, por un lado,
relativas a la producción, tales como la Comisión Asesora de la Agricultura, la Comisión Nacional del Azúcar, de
la Yerba Mate y del Algodón o la Junta de Abastecimientos, por otro, para “racionalizar la administración”: la
Comisión de Presupuesto, la reguladora de gastos y la Comisión de personal que se transformó luego en Junta
de Servicio Civil y finalmente, para reglamentar y organizar la recaudación de los nuevos tributos. La mayoría de
ellas combinaba en su composición a funcionarios y representantes gremiales, tal la propuesta de Ibarguren
inmediatamente de producido el golpe.
No quiero para mi país el voto de los delincuentes. Proyecto […] la proscripción del delincuente […]
con propósitos antidemagógicos y de higiene social porque quiero reivindicar para mi país el derecho
de ser gobernado por los mejores […] los mejores no podrán ser ungidos por el voto de los indignos.
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Las juntas y comisiones asesoras creadas por el gobierno de Uriburu, en parte podrían pensarse como
figuras de reemplazo del Parlamento disuelto, sin embargo, sus antecedentes en la administración alvearista y su
continuidad, superada la coyuntura del gobierno provisional, nos obliga a asumirlas como nuevas formas de articulación
entre el Estado y la sociedad, nuevas interacciones entre organizaciones de interés, partidos políticos,
instituciones representativas y burocracia estatal.
Partidos y régimen electoral
Entre 1930 y 1935 se acumuló el mayor número de reformas institucionales tendientes a limitar el
espacio opositor y cuando finalmente el radicalismo decidió levantar la abstención el terreno del fraude estaba
preparado. La mayoría de ellas pretendía diagramar, sin derogar la Ley Sáenz Peña, un nuevo mapa electoral.
La selección de candidaturas era uno de los espacios que la legislación electoral había dejado a la
práctica política. El 4 de agosto de 1931 Uriburu, renunciando a sus intenciones corporativistas y “traicionando”
el espíritu de la revolución septembrina –en el planteo de aquellos que propiciaban un cambio de régimen que
erradicara las instituciones del demoliberalismo–, dictó un decreto reglamentando el funcionamiento de los partidos
políticos, gesto que implicaba otorgarles legitimidad como personas de derecho público, aunque su intención
última fuera la de controlar su accionar. Establecía para el otorgamiento de la personería la obligatoriedad de
contar con una carta orgánica, plataforma (art. 3°), tesoro formado por la cuota de los afiliados (art. 11), manifestación
pública de su composición, registros de la contabilidad y correspondencia ajustado al código de comercio
(art. 10) y elección de autoridades locales y delegados a las convenciones o asambleas de distrito por el voto directo
de los afiliados, aceptando el segundo grado para las autoridades centrales (art. 12). El radicalismo fue el primer
partido en adoptar sus disposiciones reformulando su carta orgánica para ponerse en condiciones electorales.
Entre el estatuto de reglamentación del funcionamiento de los partidos políticos dictado por Uriburu
en agosto de 1931 y el anteproyecto de Código Político elaborado por Miguel Culaciatti, ministro del Interior de
Castillo en 1943, entraron a las Cámaras, desde todos los sectores políticos, una importante cantidad de proyectos
de ley con el objetivo de pautar la organización interna y las actividades de los partidos, organismos centrales del
gobierno representativo, para depurar sus prácticas, aunque ninguno fue sancionado. 7 Muchos de ellos apuntaron
6 El espacio y las características de este trabajo no nos permiten caracterizar acabadamente a estos organismos, cuestión que puede
verse en Ana Virginia Persello, “El estado consultivo. Argentina en los primeros años 30”, Ponencia presentada a las V Jornadas
“Espacio, Memoria e Identidad”, Rosario, octubre de 2008; “Los alcances y límites de la racionalización estatal”, disponible en línea:
, y “De las juntas y comisiones al Consejo Nacional Económico”, disponible en línea: .
7 Adrián Escobar, CDDS, 17 de mayo de 1933, pp.191-198; Agustín Justo/Leopoldo Melo, ibid., 8 de septiembre de 1933, pp. 65-68;
José N. Matienzo, CSDS, 1933, pp. 469-472; Alfredo Palacios, ibid., 17 de mayo de 1938, pp. 93-105; Roberto Ortiz/Diógenes
Taboada, CDDS, 1º de junio de 1938, pp. 282-284; Arquímides Soldano, ibid., 21 de noviembre de 1938, pp. 345-351; Santiago Fassi,
1º de agosto de 1940, pp. 725-728; Armando Antille, 29 de mayo de 1940, pp. 157-159; J. Perkins, A. Arbeletche y J. Sancerni
Jiménez, 2 de septiembre de 1941, pp. 731-733.
Un mes después, Leopoldo Melo presentó un proyecto semejante alegando que con el régimen
vigente imperaba el número. Excluía del padrón a los recluidos en asilos públicos; sargentos, cabos y soldados de
los resguardos de aduana; aumentaba a diez años la duración de la indignidad de los reincidentes; agregaba no
sólo a los quebrados sino a los concursados fraudulentos; los que hubieran sido objeto de cuatro o más sobreseimientos
provisionales; los tratantes de blancas, rufianes, sodomitas, toxicómanos, expendedores de tóxicos; los que
atentaran contra la Constitución, pertenecieran a asociaciones ilícitas, mafiosos, terroristas, ladrones, estafadores
y pequeros y los ciudadanos naturalizados que hubieran realizado actos que importaran el ejercicio de la nacionalidad
de origen (art. 80, ley 346). Establecía que las causas se investigarían de oficio o por denuncia y que las
8 CDDS, tomo IV, 15 de septiembre de 1941, pp. 439-441.
9 Ibid., tomo II, reunión 27, 21 de julio de 1933, pp. 457-458.