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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CAPÍTULO 2 / 1862-1880 LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN
BEATRIZ BRAGONI - Milicias, Ejército y construcción del orden liberal en la Argentina del siglo XIX
Ahora bien, si los resultados de ese tejido normativo e institucional podían ser sólo evaluados a futuro,
la urgencia de la coyuntura requería de medidas complementarias orientadas especialmente a integrar los cuadros
militares a las nuevas reglas del juego en los que estarían destinados a ocupar el lugar preservado en la carta constitucional.
En tal sentido la política dirigida por el roquismo incidió notoriamente en la profesionalización de las
Fuerzas Armadas a través de un variado repertorio de estímulos materiales con el fin de afianzar la obediencia
al Estado nacional. Por una parte, la información suministrada por las memorias del Departamento de Guerra
permite apreciar el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a los sueldos de los oficiales. Según la
memoria de 1883 el 70% del presupuesto estaba destinado al salario de los oficiales los cuales oscilaban entre
400 y 170 pesos para lo cuadros de mayor jerarquía, y entre 10 y 7 pesos mensuales para sargentos o suboficiales.
Un estímulo adicional provino de la Ley de Premios (1884) a través de la cual el Congreso aprobó la distribución
de las tierras ganadas en la campaña militar contra el mundo indígena que respetaba la jerarquía militar: por ella,
los jefes de frontera recibieron 8.000 hectáreas; los jefes de batallones, 5.000; sargentos, 4.000; capitanes y ayudantes,
2.500; tenientes, 2.000; subtenientes y alférez, 1.500; en cambio, las lejanas tierras al sur del Río Negro,
fueron repartidas entre la “tropa” en chacras de 100 hectáreas.
La medida no dejó de despertar sospechas en relación a las eventuales consecuencias políticas y culturales
de la política de premios y compensaciones entre los beneficiarios de la iniciativa oficial. Al respecto, la opinión
vertida por Alem resulta ilustrativa: “todos los días estamos viendo en la Cámara que todos los individuos que
han hecho algún servicio, se creen con derecho a venir a pedirnos premios, jubilaciones o pensiones porque han
servido ocho o diez años con honradez y rectitud, y generalmente se cree que se comete una gran injusticia no acordando
el premio. Siguiendo este camino, llegamos a este resultado: que el cumplimiento del deber es una cosa tan
rara que merece un premio”.
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intermediación ejercida por grupos y liderazgos étnicos a través de un complejo e inestable engranaje de circuitos
mercantiles, sociales y políticos. Desde luego, esa suerte de subordinación negociada de la nueva autoridad, representaba
la contracara del amplio espectro de resistencias guerreras ofrecidas por quienes aspiraban a preservar
las posiciones previas al nuevo esquema de poder, ni tampoco omitir el hecho de que la administración de los territorios
nacionales descansó en el personal político y/o administrativo en abrumadora mayoría ajeno a los pueblos originarios.
Tampoco las políticas de colonización emprendidas los tendrían como beneficiarios.
De cualquier modo, la “conquista” del territorio exigió del personal militar y avanzó más allá del
ejercicio guerrero en sentido estricto al convertirse en protagonistas de las “exploraciones” destinadas al reconocimiento
de los territorios preservados a la soberanía del Estado nacional. Para ello, en 1879, el gobierno nacional
creó la Oficina Topográfica Militar para dirigir (y centralizar) el relevamiento topográfico por parte de oficiales
del Ejército, y de una serie de expediciones científicas en el mar del sur en las cuales se destacaron oficiales de
la marina. Esa producción de información cartográfica emanada de los expertos militares habría de ser decisiva
para delimitar la jurisdicción territorial del Estado nación. Aun así, el control político de lo que hasta entonces
había sido la frontera, y la conquista de obediencia de sus antiguos y nuevos pobladores requería la creación de
lazos políticos, y esa razón explica las razones que impulsaron la instrumentación de las Guardias Nacionales en
los territorios recién incorporados a la esfera de la nación, la cual iba a contrapelo de la ley nacional que había
suprimido las milicias provinciales. La normativa y la práctica instituida habrían de capitalizar la experiencia miliciana
inaugurada en tiempos de la Confederación aunque extirparía el derecho ciudadano que antes había tenido,
circunscribiendo su accionar al servicio de las armas, despojándolo del sufragio y convirtiéndose en anticipo del
servicio militar obligatorio prescripto por la Ley Ricchieri. También como antes, la implementación de la medida
favoreció la erección de un elenco de funcionarios nacionales con potente arraigo territorial que tenían a su cargo
el reclutamiento que, al arbitrar discrecionalmente la leva, la hacían recaer primordialmente en nativos e inmi-
Más allá de las variadas interpretaciones que puedan atribuirse al juicio emitido por quien todavía
grantes, la mayoría de las veces ausentes de vínculos sociales condenándolos como antaño a integrar la lista de
integraba las huestes del partido oficial, la cita reactualiza un dilema crucial de la cultura política argentina que hace
desertores por haber eludido el enganche. de las relaciones entre el Estado y los grupos sociales (partidos, corporaciones, etc.) un asunto central de la agenda
académica y política.
BIBLIOGRAFÍA
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Con todo, la administración de Roca habría de acelerar el proceso de modernización y profesionalización
de las Fuerzas Armadas, y la correlativa subordinación de éstas al poder civil. Por cierto, el arsenal de innovaciones
introducidas durante el mandato constitucional no resultaba independiente de un ejercicio militar ensayado
al servicio de la autoridad nacional, ni tampoco del clima político que lo convirtió en beneficiario exclusivo
de la liga de gobernadores que lo convirtió en presidente. Poco antes de concluir su mandato, el presidente
Nicolás Avellaneda había sido uno de los oradores en las ceremonias dispuestas por el gobierno con motivo de la
repatriación de los restos de San Martín, y ese acontecimiento resultaba propicio para enfatizar que ningún
poder podía erigirse por fuera del mandato constitucional que prescribía la subordinación del sable al poder civil.
Asimismo, la revolución porteña que había desafiado a la autoridad nacional en la misma ciudad de Buenos Aires,
había terminado de convencer a los todavía dudosos de que ningún gobernador podía estar habilitado a echar
mano a las Guardias Nacionales. Ese diagnóstico de situación que ponía en un cono de sombras instituciones y
estilos políticos medulares de la Argentina del siglo XIX, dio curso a una serie de innovaciones que estuvieron destinadas
a monopolizar la fuerza pública en la esfera del Estado nación, y a la integración social y política de la
pléyade de jefes, oficiales y tropa que habían tenido un lugar protagónico en la vida política. El mismo Leandro
Alem que antes había defendido el derecho de los Estados provinciales a mantener una fuerza militar propia,
preservó el papel del Ejército Nacional como “el guardián de nuestras instituciones”.
El roquismo respondió a ese desafío a través de un repertorio de estímulos institucionales con resultados
relativamente exitosos en el mediano plazo. A la supresión de las milicias provinciales (1880), le siguió una
batería de disposiciones con el objetivo de profundizar la “interiorización” de la subordinación al poder civil que
Sarmiento había iniciado décadas atrás con la creación del Colegio Militar (1869) y la Escuela Naval (1870). El giro
modernizador del roquismo estuvo particularmente dirigido a afianzar la cadena de mandos, y por ello del
Congreso Nacional emanaron la Ley de Reglamentación de Carrera de Oficiales (1882), la Ley de Estado Mayor y
la Escuela de Cabos y Sargentos (1884) y la creación de la Escuela de Ingeniería Militar (1886). 19
18 Marisa Moroni y José Manuel Espinosa Fernández, “El reclutamiento para la guardia nacional en la Pampa central argentina 1884-
1902”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación, op. cit., pp. 247-261.
19 Riccardo Forte, “Los militares argentinos en la construcción y consolidación del Estado liberal (1850-1890)”, en M. Carmagnanni
(comp.), Constitucionalismo y orden liberal. América Latina 1850-1920, Torino, Otto editore, 2000, pp. 102-109.
20 Ezequiel Gallo, Alem. Federalismo y Radicalismo, op. cit.