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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
vecindad) se sumaban a la manifestación de descontento. Un ejemplo de ellas es el motín que estalló a fines de
1857 contra la Receptoría de la Aduana Nacional en Yavi . Unos treinta campesinos armados con sables y espadas
irrumpieron en el pueblo, rodearon la Receptoría y, luego de romper la puerta a hachazos, penetraron en ella y
la saquearon prolijamente llevándose más de doscientos pesos en plata, cucharas y platos, ropa, sábanas y los
libros y documentos de la Aduana, en los que estaban asentadas las deudas y multas impagas con la misma. Luego
del saqueo los amotinados se retiraron rápidamente del pueblo y se refugiaron en las serranías cercanas. Pocas
horas después fueron sorprendidos ocultos en los cerros por el cura y el juez de paz de Yavi, ante quienes se rindieron.
Al devolver los bienes saqueados, sólo faltaban la casi totalidad del dinero (posiblemente el producto de las multas)
y los libros de la Receptoría. La violencia había durado poco y había afectado exclusivamente a la Aduana.
El motín cuestionaba a la vez los derechos aduaneros y la manera abusiva de su cobro. La Aduana
Nacional era una institución nueva en la zona, establecida en 1853 al nacionalizarse las aduanas provinciales. El
celo del administrador, que se excedió en el cobro de las multas pero no en el procedimiento de recaudación,
reflejaba la reacción de los campesinos a una institución implantada recientemente que dificultaba movimientos
estacionales de mercancías a ambos lados de la frontera internacional y gravaba fuertemente el tránsito de esas
mercancías.
El reclutamiento de la Guardia Nacional (creada en la década de 1850) en los departamentos rurales
era también un factor de conflicto. En ocasiones las autoridades departamentales aprovechaban la reunión de
las mismas para exigirles a los campesinos que abonaran sus impuestos o simplemente para hacerlos trabajar en
obras públicas. En 1873, por ejemplo, 235 campesinos del departamento de Rinconada presentaron un escrito al
gobernador detallando los abusos cometidos el año anterior por Anselmo Estopiñán, comandante local de la
Guardia Nacional y gran propietario. Además de haberlos convocado varias veces al pueblo, con los consiguientes
gastos de traslado desde sus lugares de residencia, una vez allí les había cobrado multas y, en combinación con
el sacerdote, había forzado varios matrimonios por los que los campesinos debían abonar un derecho. En esa ocasión
Estopiñán había dicho que “los haría marchar hasta emparejar la plaza [de Rinconada], ahora me han de conocer
estos indios ojotudos”.
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gauchos para las tropas nacionales que eran enviados semidesnudos y engrillados para el frente. Las montoneras
de Varela fueron desbandadas por las tropas nacionales, y el caudillo y sus seguidores debieron huir hacia el norte
perseguidos por el Ejército. Las autoridades nacionales extendieron su control efectivo en el oeste del país apoyadas
en la fuerza que les daba el manejo del Ejército.
Jujuy, 1872-1875. Comunidad y rebelión indígena
La recuperación del poder por la elite de familias prominentes de Jujuy en 1852 brindó la estabilidad
política necesaria para consolidar el orden en la campaña provincial luego de un largo período de tensiones sociales
que había comenzado con la movilización campesina durante la Guerra de la Independencia y los conflictos civiles que
la sucedieron.
La restauración del orden en las áreas rurales se basaba en el control de la propiedad de la tierra (la
elite urbana de Jujuy poseía más de la mitad de las tierras de la provincia), la extensión y consolidación del arriendo,
la fijación de la mano de obra mediante la aplicación de la papeleta de conchabo y el monopolio de la provisión
de crédito. Sólo en aquellas zonas de alta densidad de población indígena (la quebrada de Humahuaca y la puna)
la sobrevivencia o el recuerdo de instituciones comunales podían desembocar en un desafío al orden rural restablecido
por la elite provincial. Desde la década de 1840 el Estado provincial colaboró a consolidar el orden en la
quebrada de Humahuaca al implementar una política de tierras que favoreció su traspaso y concentración en manos
privadas mediante la abolición legal de las comunidades indígenas, la aplicación de la enfiteusis a las tierras anteriormente
bajo su control y su posterior venta.
Desde comienzos de la década de 1870 las tensiones entre campesinos y autoridades provinciales
derivaron en un conflicto más complejo y profundo. Si hasta entonces las protestas campesinas se alzaban contra
los abusos cometidos por parte de funcionarios locales o de instituciones nuevas, a partir de ese momento los
campesinos comenzaron a poner en entredicho la legitimidad de la propiedad de las tierras.
La cuestión de las tierras fue planteada a fines de 1872 por medio de una denuncia presentada por
arrenderos de la finca Cochinoca y Casabindo ante el gobernador de la provincia. En ella sostenían que estas tierras
estaban ilegítimamente en manos de Fernando Campero, quien no contaba con los debidos títulos de propiedad.
El gobierno provincial acogió favorablemente la denuncia y decidió traspasar la propiedad de estas fincas a la
esfera provincial luego de comprobar la endeblez de los títulos de propiedad.
La decisión oficial y el éxito de la demanda campesina impulsaron a los arrenderos de otras fincas de
la puna a denunciar como fiscales las tierras que habitaban, al mismo tiempo que se negaban al pago de los
arriendos a sus propietarios. Durante 1873 la protesta se manifestó con una creciente violencia en toda la puna,
en particular en Yavi, donde los indígenas sitiaron la cabecera del departamento en dos oportunidades. Cabe
recordar que Yavi era a la vez casa de la hacienda, sede de las autoridades locales y de la Aduana, única institución
nacional que existía en esa lejana zona, y que la principal autoridad del departamento cumplía al mismo
tiempo la función de administrador de la finca. El sitio del pueblo por los campesinos significaba un abierto desafío
tanto a las autoridades provinciales como al propietario de la hacienda. El liderazgo de la insurrección campesina
estaba en manos de un arrendero de Yavi, Anastasio Inca, quien recorría toda la puna incitando a la rebelión y
demandando colaboraciones para el mantenimiento de los indígenas movilizados por “el asunto comunidad”.
Durante la primera mitad de 1874 se hizo evidente que las autoridades provinciales no controlaban los
distritos rurales de la puna. Las cabeceras de los departamentos estaban aisladas en un medio rural hostil, recorrido
por bandas armadas de campesinos que se enfrentaban en esporádicas escaramuzas con las escasas patrullas militares
que el gobierno de la provincia enviaba en ayuda de esas poblaciones. En una de esas escaramuzas perdió la
vida Anastacio Inca.
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El orden rural fue alterado a mediados de la década de 1870 por la rebelión del campesinado indígena
de la puna. Allí la endeblez de los títulos de propiedad coloniales de algunos de los hacendados y el recuerdo
de un pasado de vida comunal impulsaron a los indígenas a desafiar abiertamente la legitimidad del derecho de
propiedad.
Los distritos de la puna constituían el caso más notorio de concentración de la propiedad de la tierra
en la provincia. A mediados del siglo XIX una decena de grandes propietarios monopolizaban sus tierras, entre
los cuales se destacaba Fernando Campero, heredero del ex marquesado del valle de Tojo. Residente en Bolivia,
Campero era propietario de las fincas Cochinoca y Casabindo, que con 200.000 hectáreas abarcaba la totalidad
del departamento de Cochinoca, y de Yavi que con una extensión de 100.000 hectáreas comprendía la mayor
parte de las tierras del distrito homónimo.
La enorme mayoría de la población de la puna eran arrendatarios (“arrenderos”) que pagaban una renta
a los propietarios, en su mayoría ausentistas. Además de los arriendos, desde 1855 los indígenas pagaban al Estado
provincial un impuesto llamado “contribución mobiliar” de un 5% sobre las crías y las cosechas anuales. El Estado delegaba
el cobro de este impuesto en particulares quienes generalmente eran comerciantes o mineros asentados en
las cabeceras de los departamentos que actuaban a la vez como jueces de paz y comisionados municipales.
La recaudación de arriendos y contribución mobiliar, las multas excesivas y los atropellos de las autoridades
locales constituían situaciones conflictivas frente a las cuales los indígenas puneños reclamaban la intervención
de la autoridad superior. Estos reclamos no se canalizaron por vía judicial sino mediante el despliegue de
una amplia gama de estrategias de resistencia que iban desde la presentación de petitorios a las autoridades hasta
el estallido de motines dirigidos a corregir lo que consideraban abusos.
Con frecuencia los campesinos apelaban mediante petitorios escritos la intervención del gobernador
a quien recurrían reconociéndolo como única instancia para que sus demandas fueran oídas y resarcidas. Los campesinos
aludían a él como “padre de pobres y huérfanos”, “memorable padre de la patria”, “padre de nosotros”
a quien le reconocen su “paternal protección” y “bondad y rectitud” como incuestionables virtudes. Las quejas recaían
invariablemente en las autoridades locales que los campesinos debían soportar día a día, sin cuestionar el sistema
de autoridad. La corrección debía llegar desde la autoridad más alta y aplicarse por vía de una reparación del mal denunciado
o por el restablecimiento de prácticas tradicionales de la costumbre.
Pero en ocasiones los campesinos puneños recurrían a protestas más violentas. Su organización era
espontánea y sus participantes eran aquellos directamente afectados o los que por solidaridad (de parentesco, de
15 Gustavo L. Paz, “Las bases agrarias de la dominación de la élite: tenencia de tierras y sociedad en Jujuy a mediados del siglo XIX”, en
Anuario IEHS, Nº 19, Tandil, 2004, pp. 419-442.
CAPÍTULO 2 / 1862-1880 LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN
GUSTAVO L. PAZ - Resistencias populares a la expansión y consolidación del Estado nacional en el interior: La Rioja
(1862-1863) y Jujuy (1874-1875)
16 Gustavo L. Paz, “Resistencia y rebelión campesina en la puna de Jujuy, 1850-1875”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, vol. III, Nº 4, 1991, pp. 63-89.